Una madre discute con su hija porque no se quería comer el almuerzo que le había preparado y, acto seguido, coge un cuchillo de cocina y se lo clava en el costado. Esos son los hechos del juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Albacete.

Así lo reconoció la madre, que está acusada de intento de asesinato, y así lo relató también la hija, que sobrevivió al ataque porque la cuchillada, de diez centímetros, no le ‘tocó’ ningún órgano vital. Pero lo que se esconde detrás merece, cuanto menos, una reflexión para la sociedad en su conjunto, para la comunidad de Bogarra, donde vive esta familia, en particular, y, sobre todo, para el sistema de protección de las personas, desde los servicios sociales a las fuerzas de seguridad y los juzgados.

Porque esta madre que se ha sentado en el banquillo tiene una “capacidad intelectual límite” o un “déficit intelectual medio”, en palabras del fiscal y de los forenses, una minusvalía que hace que no fuera capaz de calcular el alcance de sus actos cuando ocurrió lo que ocurrió, lo que no quita que supiera que “es peligroso” y también que “si ataca con un cuchillo en el lado del corazón” podía matar a su hija. Es lo que han explicado los médicos forenses que la han examinado y que también han certificado que su capacidad y su estado de agresividad ante situaciones de estrés era todavía mayor si, como parece ser, en aquel momento no se estaba medicando.

Esta es la madre que se hacía cargo de dos hijos y de un marido postrado en silla de ruedas y problemas de corazón. El chico, que ahora se hace cargo de la familia, se independizó a los 18. La hija, la víctima, sufre una enfermedad mental que le provoca episodios violentos. Ella misma ha relatado como “les insultaba, les pegaba, les gritaba y les robaba”.

Años de abusos a sus padres por un trastorno mal tratado, con medicación interrumpida y un historial de conflictos que la tuvo apartada de su familia un tiempo. Pero en el año 2010 el juzgado de Alcaraz la devolvió a casa y obligó a sus padres a que se ocuparan de ella, devolviéndoles la patria potestad. Unos padres discapacitados que apenas podían hacerse cargo de ellos mismos.

El día de la bronca en cuestión, una más, la hija se levantó y el funcionamiento del calentador del agua encendió la primera discusión. El almuerzo la segunda y unos trámites de papeleo con la administración en relación, y parece una broma macabra, con la ley de la dependencia, la tercera. No hubo más porque fue entonces cuando la madre cogió el cuchillo de la mesa y se lo clavó en el costado. Cuando llegó la Guardia Civil “no le dio mucha importancia a lo que había pasado” según han relatado los agentes. Era su día a día pero con arma blanca esta vez, claro.

Todos lo sabían

Las peleas eran constantes en esa casa. Los problemas económicos también. Lo sabían los vecinos, lo sabía la Guardia Civil y los trabajadores sociales que se ocupan de la comarca. En medio de una zona despoblada y muy aislada de la sierra, con unos servicios y comunicaciones básicos está claro que la red de servicios sociales y de ayuda a las personas con discapacidad, que también son las más pobres, se quedó más que corta.

Tanto la defensa como el fiscal consideran que ha fallado el sistema de atención a las personas discapacitadas. El abogado de la madre va más allá y culpa al juzgado de Alcaraz de haber provocado esta situación al devolver la patria potestad a unos padres que no podían, ni de lejos, encargarse de su hija. Y los forenses le dan la razón en el sentido de que consideran que no estaba ni está capacitada para responsabilizarse y cuidar de la chica.

Los padres viven ahora con su otro hijo en la capital

Una chica que ahora ha retomado la medicación y es consciente del daño que ha causado. Una madre que ha tenido que ingresar en la cárcel para recibir un tratamiento que al fin la ha estabilizado y que la está haciendo mejorar. Ahora ella y su marido viven con su hijo en la capital. Reciben ayuda y tratamiento y quieren seguir así. “Lo que se vivía en mi casa era un infierno. Era una bomba a punto de estallar”. Así define el chico la situación por la que han pasado sus padres y su hermana.

La hermana, incapacitada, tendrá que seguir también el tratamiento adecuado y en eso están de acuerdo todos, defensa y acusación. Para el fiscal lo ideal es que la madre ingrese en un centro para ser tratada durante siete años. Para el abogado de la mujer lo mejor es que reciba tratamiento ambulatorio y siga viviendo con su marido y su hijo. Los médicos consideran que ambas opciones son adecuadas siempre que se lleven a cabo de la forma correcta.

¿Qué piden el fiscal y los abogados?

El fiscal sigue acusando a esta mujer de intento de asesinato porque cree que era consciente de que si le clavaba el cuchillo podía causarle la muerte y no le importaba que eso sucediera y porque además la atacó por sorpresa, de repente, sin que pudiera reaccionar o defenderse. Eso es alevosía y por eso sería un asesinato y no un homicidio como asegura el abogado defensor que, en todo caso, es lo que debería de considerarse.

Siete años de internamiento pide el fiscal y una orden de alejamiento respecto a su hija. La defensa solicita la libre absolución.

Habrá que esperar a la sentencia para ver la solución que los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial dan a este caso en el que lo que se ha puesto en peligro y dañado es mucho más que el bien jurídico de la integridad física o de la vida.

Es el resultado de una situación límite en un sistema de cobertura social y de asistencia a las personas que sigue teniendo muchas lagunas, sobre todo en áreas despobladas, rurales y aisladas, como una tranquila pedanía de Bogarra donde una familia de discapacitados ha estado viviendo décadas en el umbral de la miseria y en una espiral de violencia que ha acabado con una madre sentada en el banquillo acusada de tratar de asesinar a su hija.