Los periodistas han entregado en la Fiscalía Provincial de Albacete los documentos originales remitidos a Marto Egido, por un ciudadano anónimo, para denunciar supuestos delitos de corrupción, prevaricación y malversación de dinero público, supuestamente cometidos en la Diputación de Albacete. En los papeles se citan responsables políticos con nombres y apellidos.
Documentos que el fiscal se ha comprometido a valorar antes de abrir un proceso, por lo que el equipo de Albacete Cuenta se pone a disposición de la ciudadanía para poder colaborar con la Justicia y ampliar la documentación que sea necesaria. Eso sí, solo publicaremos la documentación una vez contrastada y siempre que el denunciante dé la cara ante nosotros.
El equipo de Albacete Cuenta se compromete a proteger la identidad de la fuente, siempre y en todo momento.
Esta vez y habiendo puesto estos documentos a disposición de uno de nuestros periodistas, este periódico digital ha considerado que el primer deber era colaborar con la Justicia entregando dicho documento a la Fiscalía para que si lo considera pertinente investigue estos asuntos.
Caciquismo en el siglo XXI (Editorial | Albacete Cuenta)
Las Diputaciones son las instituciones menos democráticas del país puesto que sus diputados no han sido elegidos por los ciudadanos sino que son designados por los partidos políticos. Además se han convertido en nidos de clientelismo y reductos del caciquismo provinciano del siglo XXI al más puro estilo de su origen en el siglo XIX.
Las diputaciones son instituciones privilegiadas por nuestra Ley Electoral. Para los políticos, dominar las provincias significa poner muchos diputados y senadores en Madrid y por tanto aspirar a la mayoría, y eso se consigue dominando las diputaciones. Además de ser una útil agencia de colocación para los más afines y de reparto de prebendas las lealtades más perrunas.
En plena crisis, lejos de plantearse la desaparición de las diputaciones, con la reforma de la Administración Local, ahora se quiere potenciar su papel atribuyéndoles nuevas competencias a costa de los pequeños pueblos, que conservarán su existencia simbólica pero estarán tutelados por los gerifaltes de la Diputación y sin control democrático.