Después de arrebatar con muchas dificultades el puesto de gobernador del estado de Massachussets a sus rivales del Partido Federalista, Elbridge Gerry decidió modificar los distritos electorales a su criterio para evitarse otra victoria sudada y por la mínima. Quería holgura en el triunfo, y la tendría merced a un nuevo dibujo del mapa electoral acorde a sus intereses electorales, sobrerrepresentado allá, donde más numerosa esa su prole de potenciales votantes e infrarrepresentando acá, donde el adversario contaba con más fuerza.

El ‘Boston Gazette’, diario cercano a los opositores federalistas, advirtió la jugada y publicó la imagen de los distritos, tal como quedarían tras la reforma del gobernador Gerry. Uno de ellos adoptaba la forma de una salamandra y por lo irracional de la composición sobre el territorio, el medio en cuestión describió la chusca maniobra con un juego de palabras: Gerry-Mander, la salamandra de Gerry.

Han pasado muchos años pero la obra de Elbridge Gerry sigue viva dos siglos después en Castilla-La Mancha con la modificación de la Ley Electoral que, con la excusa populista de la austeridad, reduce el número de diputados elegibles de 45 a 33.

Cospedal ya tiene su salamandra.

En sentido metafórico porque respeta los límites de las provincias, sin nuevos rediseños territoriales que las asemejen a la forma de animales mitológicos a vista de pájaro. Basta con alterar el número de diputados elegibles por circunscripción. Obrando aquí y allá en función de intereses bastardos que pervierten la democracia y posibilitan que un partido pueda gobernar con mayoría absoluta con menos de un 35 % de los votos totales, al laminar el acceso a las Cortes de terceras fuerzas.

La música.

Esa música que suena tan bien, en los tiempos de veda abierta, contra el político. «Se trata de reducir el número de diputados», claman. «La calle nos pide que amorticemos puestos políticos», replica algún bienmandado, entrenado en repetir las consignas de argumentario ramplón que prepararan leales fontaneros de palacio.

Pero las cifras desmontan dramáticamente los cantos de sirena con los que los propagandistas del gobierno tratan de extender la buena nueva de la reducción de diputados.

Vayamos a un ejemplo concreto. Con uno me basta. 

La principal función de los parlamentos, junto a la de la aprobación de leyes, es controlar al gobierno.

Pensemos en Castilla-La Mancha en términos absolutos.

Dos millones de habitantes que viven en un territorio poco más pequeño en superficie que Portugal. Y una entidad político-administrativa, la Junta de Comunidades, que gestiona este año casi 8.000 millones de euros, con los que se financian competencias cruciales para el bienestar de los ciudadanos, como la educación o la sanidad.

Pensemos ahora en las diputaciones provinciales, y hagámoslo agregando los valores absolutos de las cinco que existen en Castilla-La Mancha. Las diputaciones son los órganos de gobierno de las provincias, entidades territoriales definidas constitucionalmente como entidades locales pero que, a diferencia de los ayuntamientos, apenas cuentan con fuentes tributarias propias y no tienen más que competencias residuales en educación o sanidad, por mucho que algunos solistas de tronío se hayan empeñado a lo largo de la historia en llenarlas de contenidos. Se elige además a sus diputados por vía indirecta, a través de los obsoletos partidos judiciales y sin que el ciudadano decida de forma concreta con su voto, que bien podría ser distinto para elegir a su alcalde o a su presidente de la Diputación.

Para gobernar las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, las cinco, contaremos el año que viene con casi 130 diputados provinciales, cuando el presupuesto agregado de las mismas apenas supera los 450 millones de euros y no están en juego en su labor, competencias esenciales como la educación o la sanidad, de titularidad autonómica.

Para gobernar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contaremos el año que viene, reforma electoral mediante, con 33 diputados autonómicos, encargados entre otras cosas de controlar la acción de gobierno de un ejecutivo que dispondrá de más de 8.000 millones de euros para gastar.

Si la verdadera motivación de Cospedal fuera reducir el número de representantes políticos en un momento en el que la ciudadanía -en sus propias palabras- le traslada esa demanda como un gesto de necesaria austeridad, no se entiende que desaproveche la ocasión que le brindaba la reforma de la legislación local para evitar la aberración de que instituciones que gestionan un presupuesto 20 veces inferior acumulen 4 veces más diputados que el futuro parlamento regional y sin que esté en juego, en este último caso, el control de la actividad parlamentaria sobre ámbitos claves como sanidad o educación.

Es sólo un argumento. Uno de tantos que serviría para echar por tierra la coartada infantil de la austeridad, con la que se está justificando un recorte material, en derechos ciudadanos y, ahora, un recorte formal, en democracia.

No estoy seguro de haber convencido con estas palabras a los tibios con este único pero inatacable argumento. Hay muchos otros pero prefiero no perderme en batallas numéricas sobre diputados, porcentajes, pluralismo político o procedimientos de reforma.

En esta España de dicotomías maniqueas, cualquier opinión tiende a ser enjuiciada y desacreditada por su origen, sin atender a razones de fondo. Así que me conformo con invitar a la reflexión a los sensatos, a los menos contaminados por el hooliganismo militante que hiela el corazón de los españoles cada generación y media, y nos impide avanzar en la senda de las reformas sin el recurso a artimañas de trilero que busca atajos populistas y populacheros al grito de consignas prefabricadas en gabinetes de mentiras.

Con esta reforma, Cospedal ya tiene su salamandra. Y a estas alturas de mi vida, para quien escribe, lo único relevante es que la presidenta no tenga arrestos a explicar sus verdaderas motivaciones sin recurrir al grito populista de la austeridad como justificación.

A estas alturas, lo único que no perdono es la cobardía que subyace en los que fabrican coartadas para conquistar mentes dóciles al grito ‘fernandino’ de,»¡vivan las cadenas!», mientras la democracia se muere a chorros en medio del aplauso de los dóciles.