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+ Ciudadanía denuncia la privatización del servicio

Pagar por inscribir a tu hijo en el Registro Civil

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27 de Febrero de 2014

La plataforma + Ciudadanía de Hellín, ha lamentado que el proceso iniciado por el Ministerio de Justicia, que concluirá con la “entrega”  del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad (94 en la provincia de Albacete), se constituya, al contrario de lo manifestado por el Gobierno de España, en una verdadera, innecesaria y perjudicial privatización, ya que pasará de ser gestionado por la Administración pública (por la Administración de Justicia), que hasta ahora venía atendiendo a los 402.000 ciudadanos de la provincia de Albacete, a ser administrado por un colectivo que tiene la doble condición de profesional y funcionario y obtiene una retribución económica no incluida en los Presupuestos Generales del Estado y cuya cuantía depende de las inscripciones que realizan y de los certificados que expiden.

No existe razón  económica alguna para la privatización del Registro Civil

Según + Ciudadanía, estamos asistiendo a un proceso acelerado de privatización de los servicios públicos y a su consiguiente deterioro en su prestación, con el falso argumento de la reducción del déficit y, por tanto, con la excusa tan manida de reducir los gastos del Estado, siendo lo cierto, en el caso que nos ocupa, que las inversiones públicas necesarias para implementar el nuevo modelo ya se han realizado y su puesta en marcha no genera necesidades de empleo público ya que las plazas de encargado del Registro Civil se cubrirían, como ha venido ocurriendo hasta ahora, mediante concursos públicos entre funcionarios con formación específica.

El Estado evita explicar cómo va a compensar la inversión pública ya realizada en la modernización del Registro civil.

+ Ciudadanía, ha querido alertar que el Registro Civil está ya informatizado y digitalizado y ambos procesos han supuesto una enorme inversión pública, planificada y desarrollada por el Ministerio de Justicia en virtud de un programa de modernización financiado por el Ministerio de Industria (Programa “Registro civil en línea” dentro del Plan Avanza). A ello hay que añadir, conforme aseveran, las inversiones realizadas por las Comunidades Autónomas en infraestructuras, en virtud de sus propias competencias. El Registro Civil ha mejorado considerablemente su funcionamiento gracias a dichas inversiones, (conseguidas de los impuestos de los contribuyentes), y al esfuerzo y compromiso de todos los funcionarios adscritos a la institución, tanto en la formación específica en nuevas tecnologías, como en general en la prestación del servicio,  por lo que en opinión de la Plataforma hellinera la ciudadanía debiera defender la continuidad de un servicio público que, iniciado el 1 de enero de 1871, es necesario para cualquier ciudadano pues se acude a él para registrar bodas, nacimientos y fallecimientos, nacionalizaciones, pero también la fe de vida que necesitan obtener, varias veces al año, las personas que cobran pensiones del extranjero, y todo eso, a partir de ahora, habrá que pagarlo

El Servicio, hasta ahora gratuito, pasaría a tener un coste de entre 10 y 40 euros

+ Ciudadanía, ha manifestado que aunque la normativa vigente consagra el principio de gratuidad del Registro Civil, en la reforma propuesta por el Ministro Gallardón no se incluye ninguna referencia a lo que cobrarán los registradores por practicar las inscripciones o por emitir certificaciones. En diversas intervenciones ante los medios de comunicación distintos responsables del Ministerio de Justicia han afirmado unas veces que serán gratuitas las inscripciones de nacimiento o defunción, otras que lo serán las inscripciones obligatorias, en otras que las certificaciones. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto va a costarles las inscripciones de nacimiento de sus hijos, las de defunción o cuánto tendrán que pagar al notario y al registrador por la boda. Pero sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué tendrán que pagar un coste, de entre 10 a 40 euros,  por lo que hasta ahora era un servicio gratuito prestado por el Estado.

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