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19 noviembre 2017
 
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Gallardón regala el registro civil a los Mercantiles

Más privatizaciones: ¡a viajar a Albacete!

  • Ni Hellín ni los municipios que conforman su Partido Judicial disponen de Registro Mercantil: A partir de ahora, a viajar a Albacete
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6 de julio de 2014

Finalmente, Gallardón ha anunciado que entregará la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse “Registradores civiles y Mercantiles”.

Si alguien pensaba que el Ministro de Justicia había descartado su proyecto de privatizar el Registro Civil, estaba muy equivocado. La pasada semana, Gallardón anunció en el Senado, a preguntas de la oposición, que el Gobierno aprobará una reforma de la legislación registral para entregar la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Ello, evidentemente, supone la privatización de ese servicio, tal y como + Ciudadanía ha venido denunciando, en solitario, desde hace meses, pues el colectivo de Registradores Mercantiles (que junto con los Registradores de la Propiedad constituyen un solo cuerpo), a pesar de estar formado por funcionarios públicos, sin embargo sus oficinas están servidas por trabajadores privados, que no están sometidos a la legalidad ni tienen la inamovilidad e imparcialidad e independencia que sí detentan los funcionarios públicos y que por ello son los únicos garantes de los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.

Tendremos que pagar por una partida de nacimiento, matrimonio o defunción

Además, diga lo que diga el Ministro, los Registradores Mercantiles no tienen sueldos públicos, sino que cobran por arancel, con lo cual difícilmente la asunción por su parte de este servicio va a ser gratuita; esto es, entregado el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, los ciudadanos tendremos que pagar una tasa por obtener una partida de nacimiento, matrimonio o defunción.

Así, a la Asociación ciudadana le resulta especialmente reprobable que el Ministerio alegue como uno de los motivos que le han llevado a privatizar el Registro Civil el hecho de tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019.

Lo cierto es que ese colapso que, por ejemplo en Hellín y en los municipios que conforman su Partido Judicial no se da, y esas colas son fruto, en aquellos lugares en los que se produzcan, de la desidia del propio Ministerio durante los últimos años, que no ha realizado una inversión suficiente ni en medios humanos ni en modernizar el Registro Civil, y que si ha venido funcionando hasta ahora ha sido por el trabajo y esfuerzo de los funcionarios que son quienes han suplido siempre esas carencias. La ausencia de inversión es imputable sólo al Ministerio.

Ni Hellín ni los municipios que conforman su Partido Judicial disponen de Registro Mercantil: A partir de ahora, a viajar a Albacete

+ Ciudadanía, ha denunciado que, como es sabido, ni Hellín ni ninguno de los municipios que conforman su Partido Judicial, (de Nerpio a Ontur), disponen de Registro Mercantil, de tal forma que, tras la privatización del Registro Civil, los ciudadanos de Hellín y su Comarca tendrán que desplazarse hasta Albacete para recibir un servicio que, hasta ahora, se prestaban, desde lo público y de manera gratuita, en nuestras localidades, por funcionarios de carrera, de manera ágil, cercana y eficaz.

La Asociación ciudadana, ha lamentado que, con esta y otras medidas ya anunciadas por el Ministro de Justicia, (recuérdese su intención de suprimir los actuales Partidos Judiciales y trasladar los Juzgados a las capitales de provincia), estamos asistiendo a un intento velado de “desmantelamiento silencioso” de servicios públicos de los que venimos disfrutando, en el caso de Hellín, desde mediados del siglo XIX.

Los expedientes de matrimonio y nacionalidad, competencia de los notarios

A todo ello hay que añadir que el Ministerio de Justicia tiene intención de trocear el servicio público del Registro Civil, de forma que la tramitación de los principales expedientes (matrimonios y nacionalidad, entre otros) queden fuera de su ámbito y sean competencia de los Notarios, que cobrarían su correspondiente arancel además de la tasa por el uso de la plataforma para la tramitación electrónica de la adquisición de la nacionalidad que ya ha anunciado Gallardón. Por tanto trámites que hoy son gratuitos serían ahora de pago, pero quedarían formalmente fuera del Registro Civil, que sólo se haría cargo de la práctica de las inscripciones y de la expedición de certificados.

 

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