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Entre 5 y 10 casos al año en Albacete

El Gobierno y su gestión inmoral de la hepatitis C

  • En la provincia de Albacete se declaran entre 5 y 10 casos anuales
  • En Castilla-La Mancha precisan tratamiento más de 2.000
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7 de enero de 2015

El asunto más sangrante de este inicio de año 2015 es sin duda la situación que viven los españoles enfermos de hepatitis C. Se estima que en España hay más de setecientas mil personas infectadas de hepatitis C, una enfermedad vírica que se transmite por la sangre y que es la primera causa para precisar de un trasplante hepático. En la provincia de Albacete se declaran entre cinco y diez casos anuales, aunque la cifra de infectados se reconoce que es superior, y en Castilla-La Mancha precisan de tratamiento más de dos mil pacientes.

Los últimos meses esta enfermedad ocupa la primera plana de los medios de comunicación, al no poder disponer los pacientes de un nuevo tratamiento que ha conseguido resultados muy positivos en los ensayos realizados antes de su comercialización. Es un asunto que debería llevar meses resuelto, si el Gobierno hubiese actuado pensando en los ciudadanos, pero parece que debe calificarlo como un asunto menor frente a otros, por no tener una respuesta rápida del ejecutivo. Resuelto, porque no hay ninguna justificación económica para la pérdida de una vida, y menos en un país con recursos económicos para afrontar este problema y por un Gobierno que se jacta de ser un defensor de la vida.

Se debe garantizar el acceso de los, según las sociedades médicas, treinta mil pacientes graves que hay en nuestro país, a que dispongan de este último tratamiento y evitar así la desigualdad existente entre pacientes dependiendo de que vivan en una u otra comunidad autónoma. No parece de recibo que hablemos de un medicamento que está disponible dentro de los que se financian por el Sistema Nacional de Salud, y a la vez, ver como ese sistema no es capaz de garantizar que los enfermos pueden acceder al mismo cuando lo necesitan y está prescrito por su facultativo.

Desde el punto de vista clínico, debe valorarse: qué pacientes requieren con urgencia el tratamiento y cuáles serían susceptibles de poder esperar, si es que no se dispone de medicación para todos. Lo no justificable es que no se administre el medicamento por estar a la espera de que se cierre la negociación entre Ministerio e industria farmacéutica, mientras los pacientes lo precisan.

En conciencia, debe primar la salud frente a la posibilidad de conseguir ya un abaratamiento del producto, sobre todo si se sabe que en España por no disponer del mismo fallecen diez enfermos diarios. Tampoco es una excusa válida para no facilitar la medicación, que en países como Egipto o India su precio no alcanza los mil euros y aquí alcanza los cincuenta mil, porque al existir allí millones de pacientes, la negociación que pueden plantear esos países no es comparable a la nuestra. Parece lo adecuado que primero curemos a los pacientes y luego discutamos todo lo que sea preciso.

Calificar de caro, no puede basarse solo en el coste total de los treinta mil tratamientos, sin poner en el otro lado de la balanza lo que ya nos suponen económicamente esas  30.000 personas enfermas, que no pueden trabajar, que estarán en situación de baja laboral, cobrando algún tipo de prestación, que requerirán cuidados médicos, etc. Si la cifra global asciende a 750 millones de euros, no se debe pensar que estemos hablando de una cifra disparatada para una sola enfermedad, sino de lo que supone poder tratar a las treinta mil personas que la padecen. Si calculamos que todos los pacientes demandaran al Estado por incumplir su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud, esa cifra puede resultar irrisoria.

Pero más vergonzoso resulta que el Gobierno trate de tapar su falta de diligencia, culpando a las comunidades autónomas de ser las responsables de no facilitar el medicamento a los pacientes, porque es el Ministerio quien fija la cartera de medicamentos disponibles, y es el Gobierno quien debe garantizar la financiación autonómica para con ello permitir la equidad en el derecho de acceso a los servicios y tratamientos de salud de los pacientes, con independencia de la región de residencia.

Y no es una preocupación solo entre los pacientes, sino también entre la comunidad científica encargada del tratamiento de éstos. Además, vuelve a ponerse sobre la mesa otro asunto: el de los medicamentos que no está permitido prescribir en Atención Primaria, cuando científicamente podrían ser prescritos en ese nivel asistencial. Detrás, la mayoría de ocasiones solo hay un motivo económico, sin valorar que se gastan recursos en cosas menos necesarias que la atención sanitaria.

En cualquier caso, lo que está pasando es éticamente un disparate bochornoso, porque parece que la vida carece de valor, y lleva a afirmar que el bienestar de los ciudadanos cada vez importa menos a nuestros gobernantes. Mejor dicho, la sensación es que solo importa que cuadren los balances a fin de año.

Necesariamente esta polémica debe hacernos reflexionar sobre cómo se gestiona el dinero de nuestros impuestos. Si es posible rescatar bancos o autopistas, debería poderse rescatar a ciudadanos abocados a una muerte segura si no se les trata. Se necesita acometer una actuación a nivel nacional para dar respuesta a este problema, como le ha propuesto la oposición al gobierno, disponiendo de los recursos para ello. Y como en este tema el Gobierno carece de argumentos socio sanitarios y tampoco pueden ser solo los económicos, deberían recordar que estar en política exige valentía y eso se demuestra sabiendo rectificar a tiempo.

Mientras lo hacen o no, está claro que ningún enfermo, ni tampoco los enfermos de hepatitis C, se merece vivir el calvario que hoy sufren, consecuencia de una gestión de la sanidad similar a la de un negocio, en lugar de la de un derecho constitucional

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