El Plan Especial del Alto Guadiana también se ha visto afectado por la crisis y lo que iba a ser un banco de intercambio de derechos de agua se ha convertido en un mercadeo por la venta de derechos de regadío, lo que ha llevado a precios de entre 5.000 y 10.000 euros por hectárea.

Desde la UPA se considera que la situación es injusta para los agricultores ya que los expedientes que quedan por resolver son precisamente los de aquellos que tienen la agricultura como actividad principal, habiéndose resuelto, sin embargo, los expedientes de aquellos que no se dedican principalmente a la agricultura y en particular aquellos relacionados con el cultivo de leñosos, dejando a los agricultores desprotegidos.

Estos problemas también están siendo analizados por la Asociación de Regantes. A través de Bernardo Díaz del Amo, también presidente del sindicato Asaja y miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación del Guadiana. Preocupado por los regadíos de Villarrobledo, principalmente, y la actual legislación.