Ha acabado el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la de Ley de Cadena Alimentaria en el Senado. Es por ello que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), entre los que ha participado una delegación de Castilla La Mancha, ha hecho entrega en la plaza de Isabel II de Madrid alrededor de 20.000 kilogramos de alimentos entre frutas, verduras, leche y aceite de oliva virgen extra, con el objetivo de denunciar la situación de crisis, cada vez más grave, que sufren los agricultores españoles.

Los agricultores y ganaderos llevan años reclamando una legislación que nos proteja frente a los abusos de la gran distribución. Tras todo este tiempo y de no aceptar el Partido Popular las enmiendas que el sector ha presentado, sale del Senado una Ley de Cadena Alimentaria descafeinada y que no recoge algunas de las demandas más importantes para los productores.

UPA lleva años denunciando la utilización que hacen algunas grandes superficies y cadenas de supermercados de ‘productos reclamo’ en alimentos básicos como la leche, el aceite de oliva o la fruta de temporada. Por ello están en contra del proyecto legislativo sobre la cadena alimentaria del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. UPA considera que debería velar por mejorar  el funcionamiento de la cadena alimentaria pero, sin embargo, no penaliza  la venta ‘a pérdidas’ que perjudica a los productores  y cooperativas. Y asegura que, desde el gobierno, han cedido a los intereses de la industria y, al final, agricultores y ganaderos seguirán siendo el eslabón más débil.

La organización de agricultores y ganaderos UPA ha pedido a las fuerzas políticas con representación en el Congreso y después en el Senado que alcanzasen un pacto para enmendar el Proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria.  Para que la Ley de la Cadena Alimentaria sea verdaderamente operativa y sirva para algo, el PP debe admitir las enmiendas en el Senado que: prohíban la venta a pérdidas, establezcan un régimen sancionador justo, garanticen que los precios, cubran los costes de producción y creen la figura de un mediador para los casos de conflicto.

UPA acusa al PP de plegarse a los intereses de la gran distribución y de rendirse al mandato de la –ultraliberal- Comisión Nacional de la Competencia, que con sus en apariencia inocuos informes está condenando a muerte a los agricultores y ganaderos españoles.