Los líderes del PP han demostrado tener la piel sensible como la de un bebé, mientras pretenden que el ciudadano tenga la piel tan dura como la de un elefante para soportar todos los recortes en servicios y derechos y, por otro lado, sufren subidas de impuestos. Distintos colectivos de Albacete y ciudadanos de forma individual se han unido para defenderse de lo que consideran «vulneración de sus derechos de libertad de expresión». Insisten en que no han hecho nada malo más que gritar «no» a las decisiones políticas que vienen padeciendo, en actos tan inofensivos como simples ‘escraches’.

Una de las integrantes de Cumbre Social, Soco García ha criticado “el ánimo de un gobierno exclusivamente represor». «Lo que es más grave es la actuación de la administración periférica, que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación tipificado en el del Código Penal». Y ha insistido: “no entendemos como se puede diferenciar en un acto público al que acude toda la ciudadanía, un grupo de 20 personas que reivindica, cuando todos y todas reivindican. No entendemos en que basan la elección de determinadas personas para incurrir en sanción”. Para Soco García el comportamiento del subdelegado del gobierno en Albacete, Federico Pozuelo «es más propio de un antiguo gobernador civil». Y le lanza el siguiente mensaje:

Por su parte, la Asamblea de Estudiantes de Albacete ha denunciado la represión que sufrió un grupo de universitarios durante el transcurso de la jornada de huelga general educativa, celebrada el jueves 24 de octubre. Escuchamos a Carlos Durán:

Desde La Cumbre Social de Albacete han insistido en que buscan que la ciudadanía reivindique la protesta a través del movimiento social en todas sus formas, pero siempre de forma pacífica y sin “alteraciones del orden público”. Su presidenta, Pilar Limón ha denunciado que entre los 70 sancionados de Albacete y los más de 200 de Castilla-La Mancha, en lo que va de legislatura, la mayoría son ciudadanos de a pie a los que se multa, en algunos casos sin pedir identificación.

Por último han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a la que ha invitado a «despojarse del miedo que nos quieren imponer».

Según denuncian desde la Cumbre Social de Albacete, el gobierno de De Cospedal ha dado orden de poner en marcha mecanismos represivos más propios de antaño. Sanciones que oscilan entre los 150-400 € han llegado a las casas de 70 albaceteños, en los últimos dos años, por decir “no” a las decisiones que imponen los políticos. En muchos casos dirigidas a desempleados que se manifiestan en contra de las decisiones de los gobernantes de Castilla-La Mancha.