El incremento detectado de ciudadanos rumanos que se han desplazado a la provincia de Albacete para participar en las tareas de recolección agrícola -iniciado en primavera y que finalizarán con la vendimia- propició la atención de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete, que intensificó controles preventivos y vigilancias en asentamientos, lugares de habituales de recogida de los temporeros, fincas, explotaciones agrícolas y empresas dedicadas a facilitar la mano de obra para el campo.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, entre otras gestiones, desde la Comisaría, se facilitó información directa a las potenciales víctimas para impedir la actividad ilegal de intermediarios empeñados en sacar provecho de su trabajo.

Los controles permitieron conocer como un grupo de ciudadanos rumanos, que se habían alojado en una de las naves del polígono industrial de Balazote, pudieron haber sido víctimas de explotación laboral, noticias que se vieron confirmadas posteriormente, al conseguir la declaración de dos ciudadanos afectados.

¿Cómo les engañaron?

Las dos víctimas conocidas informaron de la precaria situación económica que sufrían en Rumanía, ante lo que se pusieron en contacto con un compatriota, que les prometió trabajo de recolección agrícola en la provincia de Albacete, en unas condiciones económicas aparentemente muy atractivas, además de alojamiento digno y transporte hasta el trabajo, lo que les animó a emprender viaje hasta la localidad de Balazote, en cuyas inmediaciones comenzaron a trabajar en la recogida y recolección de ajos.

Poco tardaron en comprobar la falsedad de las promesas recibidas: las jornadas laborales excedían las diez horas, el número de días cotizados era muy inferior al los realmente trabajados, del salario a percibir solo les fue entregada una mínima parte, en algún caso a razón de un euro por cada jornada trabajada, todo ello con la excusa de descuentos por transporte (cinco euros por día y dos por cada desplazamiento que realizaban para comprar alimentos), además de estar alojados en una nave industrial que compartían con otras sesenta personas, en unas condiciones de hacinamiento, carentes de medidas higiénicas y de la más mínima dignidad.

El detenido era un intermediario

Las investigaciones policiales  permitieron conocer al responsable de la situación de explotación y vejación que sufrían los trabajadores, que resultó ser C. A. P.,  ciudadano de origen rumano, que fue detenido y puesto a disposición judicial.

El detenido está afincado desde hace varios años en España. Tiene antecedentes por delitos contra la propiedad, y que en los últimos meses había decidido cambiar sus actividades ilícitas por otras más rentables económicamente como son: la captación con engaño en su país de origen, traslado y explotación de personas asumiendo labores de intermediación ante empresarios del sector, a los que ofrecía, de forma ilegal, mano de obra de compatriotas desesperados por su  situación económica.