Aunque las cifras sean tozudas, siempre permiten interpretaciones. Y eso es lo que se hace con las cifras de desempleo que mensualmente nos facilita la Administración. Quienes las exponen en los medios, las deshumanizan. No describen la penosa situación de nuestro mercado laboral sino que con argucias las tergiversan, hacen comparaciones interanuales, etc. Se da toda la importancia a las cifras y se deja en un segundo plano la calidad del empleo que tenemos y la situación personal de los parados. Se destaca si hay uno menos o uno más que ayer, aunque el que ya no figure, lo sea por fallecimiento o por haber emigrado.

El empleo es un derecho constitucional. Pese a ello, mes tras mes, no lo es para muchas personas. En noviembre, el paro regional supera el 20 %. Bajó en toda Castilla-La Mancha, menos en Albacete, donde hay casi cuarenta y ocho mil desempleados, de los que cinco mil trescientos son menores de veinticinco años. A su vez, aumentaron los ‘sin empleo anterior’ y donde más subió fue en el sector ‘servicios’. Son las cifras reales pero luego se procede a construir la foto oficial interesada.

Para el Gobierno regional lo importante es que respecto al mismo mes de hace un año, hay casi un siete y medio por ciento menos de desempleados en Albacete. Y se han molestado en rebuscar en los anales del INEM para decirnos que hay un 47 % menos de paro desde 2009. Lo que dejan en un segundo plano, es que en ese mismo periodo las afiliaciones a la seguridad social se redujeron casi un 15,5 %.

Tampoco le dan importancia a que el paro descienda entre los hombres y suba entre las mujeres, a que en números absolutos con el gobierno de Cospedal hay casi cincuenta mil parados más y casi 93.500 afiliaciones menos, lo que si prospera la denuncia ante la comisaria europea de Empleo, al haber desaparecido de un plumazo 50.000 parados de las listas, nos deja a la región con más parados que cuando Cospedal llegó al Gobierno.

Detrás de los números hay personas

No quiero seguir con cifras y caer en lo que crítico. Los números son números pero detrás de ellos hay personas. Y hay una serie de aspectos relativos a las condiciones de trabajo en nuestra provincia, que no por ser comunes al resto del país, debemos pasar inadvertidos.

Como médico rural desde hace más de treinta y cinco años, que atiende a pacientes de varios municipios, veo en mi día a día, que lo dramático del paro no son las cifras, sino lo que en ellas no se refleja.

Las cifras dicen, que en nuestra provincia, hay trabajadores a los que se les da la oportunidad de aprender un oficio pero no dicen que muchos lo hacen: sin contrato, con salario bajo y echando más horas que un reloj. Tampoco nos dicen que si un trabajador tiene hijos, facturas por pagar, o necesidades básicas que cubrir, es capaz de trabajar en lo primero que encuentra. Todo eso hace que un trabajador acabe viendo como normal trabajar sin estar de alta, porque cree que no le queda otro remedio.

La gente de los pueblos sabe, que muchos trabajadores agrícolas por cuenta ajena, aunque trabajen cincuenta años su pensión serán de miseria. Porque en nuestros campos, sigue existiendo el trabajo «en negro», que no significa solo que no están de alta, sino que además lo hacen trabajando «como negros, de sol a sol» y por un salario de miseria.

Pero no solo es en el campo, también en el sector servicios existe trabajo en negro. ¿Qué pueblo no conoce este caso en camareros, en mujeres que realizan trabajos del textil en sus casas, o del sector del calzado?, por citar algunos. Todos pensamos que esto es una forma de competencia desleal con quienes cumplen rigurosamente la ley y nos importa menos que sea un fraude al Estado.

Da igual el sector que se mire, algunas condiciones laborales son insoportables para un ser humano: en naves de chapa, con calor asfixiante, con horarios abusivos y salarios por debajo de lo acordado. Cuando hay crisis, impera la ley del «si quieres lo coges y si no lo dejas».

Pero de lo que nadie parece darse cuenta, es que estamos ante el autoengaño de unos trabajadores que irremediablemente se verán abocados a un futuro sin pensiones tras su jubilación.

Fraude laboral

El fraude laboral en España y en Albacete representa un 8 % de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), y si en toda España representa un millón de puestos de trabajo, se pueden hacer números de lo que supone en nuestra provincia. Da igual hacer esos números, o no, porque lo que está claro es que la mayoría de ese fraude no saldrá a la luz, entre otras cosas por las condiciones que para aflorarlo impone nuestra legislación.

Quien lea estas líneas, invitará a denunciar los casos que se conozcan. Si no se hace, es porque quienes trabajan en esas condiciones saben que su denuncia seguramente no arreglará su caso pero si están seguros de que pondrá en peligro el trabajo de sus compañeros. Seguramente es una forma de mal entender la solidaridad que hace que el que así trabaja mantenga la boca cerrada. Hoy cualquier trabajador sabe que el objetivo de su empresa es ser competitiva a cualquier precio, y en situación de crisis como la actual, existe tal oferta de mano de obra, que si alguien se ofrece a trabajar cobrando cinco, automáticamente está en la calle el que cobra seis.

‘Achinando’ Europa

En lugar de europeizar China, la Unión Europea y sus reformas están achinando Europa, y pronto no será innecesario que nuestras grandes empresas se marchen fuera. La economía sumergida en Albacete, no es solo un problema fiscal sino de condiciones sociales y laborales.

La última Reforma Laboral ha propiciado: abaratar el despido, la bajada de salarios, la pérdida de derechos laborales, y sobre todo una actitud sumisa de los trabajadores. Las reglas las impone quien paga, «te pago poco pero debes de estar agradecido que al menos cobras algo» o «te hago falso autónomo para que sigas trabajando».

Los atrapados en esta red, piensan que eso cambiará con el tiempo, hasta que se convencen de que va a seguir siendo así. Entonces, la respuesta que se dan es que prefieren sobrevivir a pedir en la calle, y Gobierno y empresarios también  callan.

Hoy Día de la Constitución, parece un buen día para recordar a Gobierno, empresarios y trabajadores, que tener un empleo digno es un derecho constitucional, y que para conseguirlo cada uno debe cumplir su parte.

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