El IMSERSO ha hecho públicas sus estadísticas, actualizadas a 30 de noviembre de 2014. En ellas se concreta que en España son 167.869 las personas dependientes que se encuentran en lista de espera,  y que la cuarta parte de las que han causado baja en el Sistema de Dependencia, lo han hecho sin llegar a percibir ninguna prestación a las que tenían derecho tras ser evaluada su situación. Por primera vez, de un año a otro, hay trece mil personas menos incluidas pese al envejecimiento de la población. Con esos datos oficiales, solo se puede concluir que a nivel estatal, este sistema no funciona.

El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SAAD) que iba a ser el cuarto pilar del estado del bienestar, nació tarde y sin recursos. Se hizo tarde porque debió plantearse a la llegada socialista al gobierno, en lugar de hacerlo a mediados de la segunda legislatura, que imposibilitó su consolidación. Y sobre todo no se garantizó la financiación que le hubiera hecho resistente a los recortes. No vale la excusa de falta de recursos, sino de voluntad política, porque para otros asuntos si se dispuso de ellos.

Los recortes del PP llegaron a sanidad, educación y pensiones pero estos tres pilares resistieron, podían recortarlos pero era inimaginable eliminarlos. Pero sobre el SAAD el ministerio de Ana Mato decidió de un plumazo que no se podía financiar y que se debía seguir atendiendo desde la caridad y los apoyos familiares.

Como en otras materias, el laboratorio de experimentación elegido para aplicar recortes fue Castilla La Mancha. Pese a ser la que más recortes ha realizado en esta materia, el gobierno regional se obstina en afirmar que ha reducido a la mitad el listado de quienes esperan recibir una prestación en el último semestre de 2014, y que esta es la región en la que más profesionalizado está el sistema de dependencia. Esta información, choca frontalmente con lo que se manifiesta por los colectivos de afectados.

La mal llamada Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Castilla La Mancha, reguladora de esta materia, pese a que fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, en su aplicación ha recibido críticas de los sindicatos y diferentes colectivos como el de los trabajadores sociales. Es un lavado de cara del papel desempeñado en esta materia por el gobierno regional para a las elecciones.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia regional, que agrupa a más de cuatro mil familias, afirma que en la región, más de diez mil beneficiarios han dejado de serlo; que ya no perciben ninguna prestación de las que antes percibían más de dos mil ochocientas personas; o que casi ocho mil dependientes tienen el derecho reconocido, pero siguen sin recibir ninguna prestación.

Las cifras hablan por sí solas. Desde que Cospedal llegó al gobierno, han fallecido cuatro mil personas que teniendo el derecho reconocido no han llegado a recibir ninguna prestación; han aumentado las valoraciones que resuelven indicando que carecen de derecho a prestación, siendo más personas sin derecho, que a las que se les reconoce, como si se solicitará por gusto; hay casi seis mil personas que eran grandes dependientes en la primera valoración y que han dejado de serlo en las revisiones. Este último hecho, realmente casi milagroso, se ha dado con relativa frecuencia en muchos pueblos de nuestra provincia.

Pero la situación más grave que tenemos hoy en Albacete y en Castilla-La Mancha, es el problema de los grandes dependientes, que tenían una prestación económica y eran generalmente atendidos por sus familiares, y a los que ahora se les ha retirado esa prestación dineraria. La solución que se les ofrece desde la Junta, es sustituir la prestación que recibían por una o varias horas de ayuda a domicilio a través de servicios municipales, que la provincia de Albacete presta el Consorcio de Servicios Sociales de la Diputación.

Pero esta solución es cuestionable, puesto que algunos Ayuntamientos no pueden atender esa demanda de horas al carecer de auxiliares de Ayuda a Domicilio suficientes para atender la demanda. De no encontrar solución a esto, la respuesta, como en otras materias, será recurrir a empresas privadas para prestarles el servicio.

Es cierto que se han reducido las listas de espera, como afirma el gobierno regional, pero simplemente por el fallecimiento de muchos dependientes de edad elevada o enfermedades terminales, y nunca por una buena gestión del sistema por su parte. La proximidad electoral permite toda clase de lecturas a los datos, pero las necesidades de los dependientes son necesidades de personas, y no números sujetos a interpretación.