Este viernes, el Tribunal Constitucional desestimaba el recurso del PSOE contra la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. Esta decisión significa que la Ley 4/2014, de 21 de julio, se aplicará en las próximas Elecciones Autonómicas. En ella se establece que el Parlamento regional pasa de los 49 diputados actuales a reducirse a 33.

Un mínimo de tres escaños en cada una de las cinco provincias de la región, y los 18 restantes  distribuidos en proporción a la población provincial. A Toledo le corresponden 9 diputados, a Ciudad Real 8, a Albacete 6, a Cuenca 5 y a Guadalajara otros 5.

Es muy criticable una reforma en solitario del PP, sin tener en cuenta al resto de fuerzas políticas, pero ya sabemos que en Castilla-La Mancha estas cosas Cospedal las hace en vivo y en directo, y nada de en diferido. Era de esperar el rechazo al recurso ante el Tribunal Constitucional, porque en ese órgano el PP goza de mayoría, y mientras siga esa composición, para el PP supone un mero trámite.

Lo técnicamente llamativo de esa reforma, es que mantiene las circunscripciones provinciales, y eso permite obtener mayoría absoluta con solo un 35 % de los votos. Las circunscripciones pequeñas se ven favorecidas al valer sus escaños menos votos que en una grande. Si solo hay dos escaños en una circunscripción, uno será para cada uno de los dos partidos mayoritarios, lo que significa un reparto de antemano y una capacidad de decisión ciudadana nula.

Con estas circunscripciones y los resultados de las últimas Elecciones Europeas vemos, que un partido que no obtenga como mínimo entre el 12 y el 14 % de votos en una provincia no tiene posibilidad de obtener escaño, y que para que el más votado no gobierne sería necesario que el resto de los partidos alcancen un acuerdo. Con esos datos de las europeas, el PP obtendría la mayoría absoluta con menos del 40% de los votos, e incluso podría lograrlo con el 34 o 35 %.

El pucherazo es tan brutal, que se podría dar el absurdo de que el PP sea la segunda fuerza en número de votos, pero consiga una mayoría absoluta en escaños.

Con una sociedad cada día más diversa, una medida como esta agrava la falta de representación de esa diversidad en las instituciones. La nueva ley, por muy constitucional que sea, va contra el pluralismo político y puede provocar que uno de cada cuatro castellano-manchegos se quede sin representación en las Cortes regionales, impidiendo la presencia de pequeñas fuerzas en el Parlamento. Algo falla en este sistema democrático, cuando un tema tan fundamental, como el de la representación parlamentaria, puede quedar a la discreción de un solo partido.

La reforma es, a todas luces, un despropósito contra la democracia y la pluralidad. Si se quiere reformar la proporcionalidad de representación política, debería hacerse para todo el estado y para todas las Comunidades Autónomas, y a ser posible, por consenso de todos los partidos o de una mayoría muy cualificada. Baste señalar que si esta reforma se aplicase en una comunidad como Cataluña, el PP se quedaría fuera del Parlament de Catalunya, y lo mismo le ocurriría en Navarra.

El PP gobierna en cada comunidad según su interés partidista, y no por criterios de calidad democrática. Nuestra libertad de elección como castellano-manchegos, se limita a que elijamos entre trabajar o morirnos de hambre, y recuerdo que en esta región el derecho al trabajo le falta a más del 30 % de ciudadanos y, de eso, el Constitucional no dice nada.