Los romanos, esa gente que nos legó casi todo lo que somos y tenemos, tenían una palabra para describir al político que, en su afán de conservar o adquirir el cargo de tribuno, buscaba congraciarse con la plebe imitando el acento plebeyo de los barrios humildes.
Esos aspirantes, generalmente, nobles o aristócratas, ávidos de ganar el afecto del pueblo y convertidos en parodia de sí mismos por aceptar el lenguaje tabernario de los bajos fondos, eran conocidos como «popularis».
Cualquier parecido con la realidad de nuestros días es mera coincidencia aunque el adjetivo «popular» ilustra a un partido en el que alguno de sus miembros ha hecho méritos recientes por honrar a la Roma de los tiempos de la República, por ejemplo, en Castilla-La Mancha.
Carlos Velázquez, alcalde de Seseña y miembro destacado del Parlamento regional por el Partido Popular, en un sin duda, involuntario homenaje a los antiguos tribunos de la plebe -los popularis- ha abierto la veda del debate sobre la reforma de la ley electoral en la región con esta frase: «Castilla-La Mancha necesita más médicos y menos diputados».
Es como si gritando a los cuatro vientos que el mundo necesita más escuelas y menos cárceles, dejáramos de gastar en prisiones de un año para otro. En lógica formal esto se llama «falsa causalidad» y establece falsas premisas, como la que obliga a elegir entre tener más médicos o una ley electoral justa, como si ambos objetivos fueran incompatibles entre sí.
Hace dos años, las Elecciones Autonómicas en Castilla-La Mancha se celebraron bajo los efectos de la Ley Cospedal, una infame norma concebida y justificada bajo la falsa causalidad de que el gasto en sostener un parlamento con 49 diputados contradecía los mandatos de control del déficit y austeridad a los que nos obligaban normas estatales y europeas.
Fue así como una región del tamaño de Portugal, con más de dos millones de habitantes, atribuciones competenciales cruciales como Sanidad, Educación o Medio Ambiente y un presupuesto anual de más de 8.000 millones de euros, pasó a tener un parlamento compuesto por 33 diputados, en lugar de los 49 que existían antes de la reforma.
Como el diputado Velázquez sabrá, en Castilla-La Mancha, además de Gobierno regional, tenemos Diputaciones provinciales. Y que sus miembros, además de ser gobierno de tal instituciones, son también diputados.
Lo que no se si sabrá es que juntas, las cinco Diputaciones, cuentan con 129 diputados. Que aproximadamente 60 de ellos tienen algún régimen de dedicación, parcial o exclusiva, a la labor que les es encomendada en esos órganos. Y que, juntas, esas cinco Diputaciones, que no gestionan competencias cruciales para la vida cotidiana del ciudadano, administran un presupuesto, según datos del Ministerio de Hacienda para 2016, de 441,8 millones de euros.
Esto es, con un presupuesto, sumadas las cinco, veinte veces inferior al del Gobierno de Castilla-La Mancha, estas administraciones que -escapan a la trampa lógica de «médicos VS diputados», del diputado Velázquez- tienen cuatro veces más parlamentarios que las Cortes de Castilla-La Mancha.
Dicho de otro modo.
Si la función de las Cortes es controlar la acción del Ejecutivo y el destino de los dineros de esa institución, a cada parlamentario provincial, le corresponde ejercer tales funciones sobre una cifra 70 veces menor a las que tendría cada diputado regional. Un dinero que, además, se gasta en competencias mucho menos relevantes para la vida del ciudadano que en el caso de la a Administración autonómica. Que además, tiene capacidad legislativa.
Sería interesante escuchar una reflexión al respecto de parte del diputado Velázquez y su lógica de falsas causalidades.
El efecto más traumático de las Elecciones Autonómicas de 2015, las que se celebraron con la reforma Cospedal en vigor, fue que una fuerza política con más del 12 por ciento de votos –Ciudadanos– quedase sin representación electoral en el Parlamento regional.
Para entender la magnitud del despropósito, baste entender que esos datos hubieran privado de representación parlamentaria al PP en Cataluña en siete de las últimas ocho elecciones. O que en el País Vasco, esta situación habría ocurrido en cuatro de las últimas ocho convocatorias.
Estoy seguro de que el diputado Velázquez tiene más altura intelectual que la que encarna su razonamiento de «diputados VS médicos» en la Sanidad de Castilla-La Mancha. Quizás haya pretendido homenajear con su aforismo al tribuno Cayo Graco, uno de los más célebres dignatarios popularis de la Roma republicana. De ser así, mis disculpas por adelantado, aunque me permito albergar una duda razonable al respecto, sobre todo, teniendo en cuenta cuál fue la acción del Gobierno a cuyo partido representa, en lo que a gestión Sanitaria se refiere en tiempos bastantes cercanos.
A un servidor, que ve la faena desde el burladero, lo único que le ofende a estas alturas de su retiro espiritual es la pobreza argumental de muchos de los servidores públicos, siempre prestos a levantar los fantasmas de la demagogia para frenar iniciativas que, como es el caso, solo podría rehabilitar la salud de las instituciones y la democracia, hoy canibalizada por los artistas de los atajos y las falacias lógicas. Por ejemplo, incrementando la pluralidad de un parlamento al que hoy le falta la voz de un partido por el que votaron más de 100.000 castellano-manchegos hace apenas año y medio.
En todo caso, diputado Velázquez, ya puestos a ejercer el filibusterismo político, le ruego se encomiende a un maestro en tales menesteres, Strom Thurmond, senador en los 50 por Carolina del Sur, racista empedernido, que en su afán por obstaculizar la Civil Right Act, se empleó en un discurso ininterrumpido de más de 24 horas en la cámara. Para llenar ese tiempo, el senador Thurmond leyó repetidas veces la receta de las galletas de su abuela o el mejor modo de cocinar ostras al estilo sureño. Además, para evitar tener que ir al servicio e interrumpir su discurso, se deshidrató la mañana previa tomando un agresivo baño de vapor con el que inhibió tan inoportuna necesidad fisiológica.
Si a usted le parece bien que partidos con un 12 por ciento de votos no tengan representación parlamentaria, le aconsejo que no haga como el bueno de Thurmond, que escondió su racismo bajo el tierno recuerdo de las recetas de su abuela.
Dígalo claramente, pero no me obligue a escuchar sus patéticas referencias disyuntivas y, aparentemente, excluyentes entre tener una ley electoral decente y una Sanidad a la altura de lo que la gente de esta tierra merece y espera.