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Opinión

Más educación y menos control

La desinformación no se combate con un ‘Ministerio de la Verdad’

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Albacete Cuenta
7 de noviembre de 2020

El Consejo de Seguridad Nacional de España ha aprobado el procedimiento de actuación contra la desinformación, que viene a ser la forma en la que el Gobierno lucha contra esta. “El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas”, recoge la propia Orden publicada recientemente en el BOE. Una evidencia.

También es otra evidencia que la desinformación existe desde que existe la propia información. Cierto es que las facilidades para propagar bulos se han multiplicado de forma exponencial con Internet y las redes sociales. Pero la culpa de esto no es de las redes sociales ni de Internet, meras herramientas, aunque muy potentes, en manos de los humanos. Porque estas herramientas no funcionan solas. Incluso los famosos bots, tan de moda gracias al uso que hacen de ellos algunos partidos políticos, léase VOX, no dejan de ser trozos de código que un individuo ha programado para que cumplan sus órdenes.

Este intento de limitar la (des)información recuerda mucho a cuando, hace años, se hizo lo mismo con la mal llamada “piratería” de contenidos culturales. En aquel momento, los tribunales daban la razón a los presuntos “piratas” en contra de los intereses económicos de enormes multinacionales. Esto desembocó en que el Gobierno de Zapatero redactó la Ley Sinde, que terminó siendo la Ley Sinde-Wert, adoptada y adaptada más tarde por el PP, para que la justicia, que durante tanto tiempo no daba la razón a los poderosos, quedara al margen en el proceso. Un comité decidiría qué páginas web podrían seguir abiertas y qué páginas no. O lo que es lo mismo: para cerrar una web ya no sería necesario que un juez lo ordenara. La desinformación, igual que la mal llamada “piratería”, no es un delito en sí, a no ser que esta se use para injuriar o calumniar a otros. De ahí que se quiera, de nuevo, dejar la justicia a un lado.

Controlar las fake news es muy difícil. Los canales por los que estas se difunden y sus posibilidades son tan amplios que es como intentar poner puertas al campo. Es un problema de difícil solución, pero esta no puede pasar nunca por convertir al Consejo de Seguridad Nacional o al CNI en ‘jueces de la verdad’, por muy loable y bienintencionada que sea la postura del Gobierno de turno.

La solución, si es que hay, debe pasar siempre por la educación. No se trata de que todo el mundo sea capaz de distinguir los detalles sutiles que separan una buena pieza periodística de otra malintencionada. Pero, al menos, que una mayoría tenga herramientas suficientes para enfrentarse con garantías a los más burdos intentos de manipulación de medios de comunicación o de políticos.

PP y VOX ya han mostrado su rechazo a la medida. Normal: no van a ser ellos los que manejen este nuevo ‘Ministerio de la Verdad’, ahora. Hace años, cuando el Gobierno de Zapatero creó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, un amigo progresista me dijo que estaba en contra. La razón que me dio: “Piensa que esto va a acabar algún día en manos del PP, ¿a que ya no te gusta tanto?”.

Echemos la vista atrás…

El tema de Titadine. Un bulo de diez años inventado desde el Gobierno. Sabiendo que los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado informaron a Ángel Acebes de que el explosivo del 11-M no era dinamita Titadine la misma tarde de los atentados del 11-M en una reunión en el Ministerio del Interior, ¿qué hacer con ello, como lo podría regular una ley?

O también, la noticia que dio la televisión pública de Castilla-La Mancha (con el el PP) sobre Page, donde la acusada era Cospedal y él solo iba como testigo a declarar del contrato corrupto de la corporación anterior, pero sin embargo, fue presentado como que “Page tenía problemas con los tribunales de justicia”. El PP había prometido cerrarla hasta que llegó a la Junta, lo mismo que ahora sucede con Canal Sur, que hasta VOX ha dejado de llamarla “chiringuito”, mientras piden Fondos COVID para tapar el agujero y contratar a Bertín o Mariló.

Pero el problema de fondo está en la propiedad de los medios de comunicación y su relación con el poder económico, de forma directa o a través de productoras.

Hay un texto de Walter Benjamin que lo borda, se llama El autor como productor.

Y hay otro de Adorno que se llama Opinión, locura, sociedad. Está en Crítica de Cultura y sociedad II, en la página 509: “Sobre lo que es verdadero… no decide la evidencia, sino el poder social que denuncia como mera arbitrariedad a lo que no concuerda con su propia arbitrariedad“.

El problema no es que un gobierno que el poder económico no considere afín se proponga o quiera limitar las noticias falsas a conciencia de los que las publican, sino esa capacidad que tienen los gobiernos y los medios subordinados y al servicio de los poderes económicos de disimular y hacernos natural su propia dominación.

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