Fue un miércoles, 31 de octubre de 2007, cuando el Congreso de los Diputados dio luz verde, y un 27 de diciembre cuando la Ley de Memoria Histórica se publicaba en el BOE. Desde entonces, numerosos pueblos y ciudades de España se han acogido a dicha ley, que «reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».
No ha sido hasta el 29 de diciembre de un 2020 que ya queda para la historia, aunque por otros motivos, cuando el pleno del Ayuntamiento de La Roda ha decidido aprobar el proceso para cambiar el nombre de diez de sus calles y la retirada de símbolos franquistas. Por ejemplo, la Medalla de Oro de la Villa a Franco, el monolito dedicado a Primo de Rivera o la placa que conmemora a los «caídos por Dios y por España» situada en la fachada del principal monumento de la localidad, la Iglesia de El Salvador.
Para llegar hasta aquí, solamente han tenido que transcurrir 13 años, o si lo prefieren, 156 meses. O 679 semanas, el equivalente a 4.751 días. Es decir, que durante casi cinco millares de días en La Roda no se ha cumplido con la ley. Y para que ahora podamos decir, por fin, que el pueblo está en trámites de cumplir con la legislación, ha sido necesario el relevo en el consistorio y la salida del Partido Popular, tras 32 años a los mandos de la nave. Y es que cuando uno lleva 32 años conduciendo la nave termina pensando que la nave es suya y que, incluso, está por encima de las leyes.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros de Zapatero y, desde el principio, no faltaron las críticas de la derecha. Sin tener todavía el refrendo del Congreso, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, prometió acabar con una ley que ni siquiera se había aprobado formalmente. Pero ya saben cómo va esto de los derechos sociales: un gobierno progresista aprueba las normas y otro conservador promete una derogación que nunca acaba llegando, conscientes de que ciertos avances, por mucho que les pese, ya no tienen marcha atrás.
El caso es que el equipo de Gobierno de Juan Ramón Amores, el nuevo piloto de la nave rodense, acaba con un disparate que se estaba dilatando demasiado en el tiempo. Por supuesto, con el voto en contra de la oposición. Y no se lo pierdan: ahora el gran argumento del Partido Popular es que cambiar el nombre de las calles puede afectar a la vida de los rodenses. Algo así como que las cartas de Hacienda no van a llegar a su destino y, encima, los pobres ciudadanos que vivan en esas calles van a tener que ir a hacerse el DNI otra vez. Ya no se escucha nada de que esto supone «reabrir viejas heridas», «reelaborar el pasado» o que el único objetivo es la «venganza». Estos son los argumentos de hoy, ya veremos con qué nos sorprenden mañana.
A propósito de esto de reelaborar el pasado. Perdonar y olvidar es un gesto que corresponde en exclusividad a quienes han sufrido las injusticias, en este caso, las víctimas de una guerra y, no lo olvidemos, una dictadura que duró cuatro décadas. Normal que solo quieran olvidar aquello quienes cometieron las injusticias.