Parece ser que en nuestro país se ha instalado la idea de que el político que sale declarado inocente de un proceso penal es un político que ha actuado de forma impecable en su gestión. Se me vienen a la cabeza casos como la absolución de Camps por la presunta comisión de un delito de cohecho, o la más recientemente absolución de todos los acusados en el caso del Prestige por la comisión de delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por imprudencia grave.

Si uno de los principios por los que se rige el Derecho Penal es el principio de intervención mínima y de subsidiariedad, esto es, solo aplicable para las ofensas más graves contra los bienes jurídicos más importantes o cuando todos los demás mecanismos fallaron, es un sinsentido que como sociedad pongamos el listón tan elevado a la hora de pedir a nuestra clase política que rinda cuentas.

Es evidente que un político no puede cometer delitos, y que si los comete se tiene que ir a su casa, pero no lo es menos que la comisión de un delito, esto es, la responsabilidad penal, es la última y más lejana línea que un político debe cruzar, su responsabilidad para con nosotros, para con su cargo y para con las instituciones comienza mucho antes.

A un político se le debe exigir: pulcritud, rigor, saber comunicar, saber elegir, saber controlar, saber rodearse, o llevar una vida austera. Despilfarrar los recursos públicos, hacer la elección de personas que acaban resultando delincuentes, no enterarse de lo que pase a tu alrededor, tener amigos corruptos y/o ladrones a los que llamas amiguito del alma o hacer un uso indebido de las dietas no constituirán delitos, no conllevarán aparejada responsabilidad penal. Pero es evidente que tienen que llevar aparejada una responsabilidad política, responsabilidad que debemos exigir como ciudadanos y que los partidos políticos deberían también exigir a sus cargos por la simple dignificación de su trabajo y con el fin de evitar que el comportamiento impresentable de unos pocos manche el trabajo honrado de otros tantos, aunque para esto los partidos deban superar esa visión ultrapartidista que tanto les ciega y que tanto daño les hace como conjunto.

Por tanto, distingamos claramente entre responsabilidad penal y responsabilidad política. Mientras la primera corresponde al Estado de derecho a través de los Tribunales; la segunda nos corresponde a nosotros como sociedad, castigando electoralmente a los que no hagan merecimientos o hagan desmerecimientos o presionando a los partidos para que controle a sus cargos públicos.

Pero no subamos el listón de responsabilidad a un nivel tan alto como lo es la penal. Exijámosles a los políticos exigiéndonos como sociedad.