Cerca de 200 personas se concentraron el pasado lunes en las inmediaciones del mercadillo de Casas Ibáñez en contra del “turismo quirúrgico” que desde hace unos meses ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha derivando pacientes que se encuentran en lista de espera quirúrgica a clínicas privadas de Madrid.
Entre las reivindicaciones de los vecinos se encuentra la apertura de los quirófanos y contratación de personal en la provincia de Albacete, en sus hospitales públicos, así como el cumplimiento de la Ley de Garantías.
Durante la concentración, se dio lectura a un manifiesto, en el que se habló de la manipulación de los datos de lista de espera publicadas por el SESCAM y que han denunciado algunos profesionales sanitarios. “Sólo hablan de listas de consultas externas de especialidades, callando sobre la lista de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, y no diciendo que las agendas se cierran y los que están esperando a que se vuelvan a abrir no cuentan”, explicaba el manifiesto.
Estos datos no coinciden con las constantes denuncias que esta la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Manchuela recibe de sus conciudadanos que apuntan a un alargamiento de los plazos de más de un año para una operación de rodilla o de vesícula.
En cuanto a las derivaciones a Madrid explicaron que son clínicas sin unidades de cuidados intensivos, sin banco de sangre y con falta de personal. Clínicas que están a 300 kilómetros del domicilio del enfermo a las que los pacientes llegan en ambulancias compartidas que hacen eterno el viaje y sin seguimiento postoperatorio.
Según la Plataforma, el enfermo que se niega a aceptar la derivación es retirado de la lista y deja de contar, por lo que resultan insultantes las declaraciones del gerente del SESCAM, Luis Carretero, diciendo que han sido 4.000 las derivaciones a otras comunidades en 2013, pero que “… se ha hecho un problema donde no lo hay… y que se trata de un plan de choque para reducir las listas de espera”.
“Nosotros le decimos que trata de un plan de choque, sí , pero para llenar el bolsillo de algunos empresarios del sector sanitario sin escrúpulos a costa de nuestra salud, nuestro dolor y nuestra dignidad. Un plan de choque para privatizar la sanidad pública pero que parezca que no. Un plan de choque para cumplir con una deuda nacional insoportable, impuesta por los financieros, el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo”, añadieron.
Moción por el cumplimiento de la ley de garantías
En la misma línea que las protestas de los vecinos se pronunció el pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, celebrado el pasado 10 de febrero, donde se aprobó una moción de los grupos socialista e Izquierda Unida en favor del cumplimiento de la Ley de Garantías de atención sanitaria especializada.
En la moción, se argumenta que el derecho a una atención sanitaria de calidad es un pilar básico e irrenunciable del estado del bienestar. Por ello se reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha, entre otros aspectos, que se cumplan los plazos previstos en la Ley de Garantías, que se facilite la información mensual sobre esta ley, como se venían haciendo hasta 2011 y que se diseñe un plan de choque para reducir las lista de espera utilizando los recursos públicos de la propia región.
La alcaldesa, Carmen Navalón, señaló durante su intervención que hay razones suficientes para denunciar las consecuencias de las políticas que están adoptando los directivos del Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha (SESCAM) con relación a las listas de espera en lo relativo a su gestión y transparencia, y de manera especial al traslado de pacientes para ser intervenidos en clínicas privadas madrileñas y valencianas, y la queja generalizada de quienes han sido objeto de este convenio a quienes se les ofrece una intervención en una clínica en otra comunidad a corto plazo o una espera sin plazo para ser atendidos en su hospital de referencia.
Son numerosos los casos de personas de nuestra localidad, comarca o de la región que están siendo enviadas para ser operadas a Madrid o Valencia en lugar de hacerlo en los hospitales públicos de nuestra región, a veces no en las mejores condiciones, añadió.
Ante el “sale más barato” que desde la propia Consejería de Sanidad impone como único criterio para defender estas medidas, nuestro grupo defiende a las personas, no viéndolas como simples números, buscando la calidad en su atención sanitaria, y no mirando el éxito de estas políticas a nivel cuantitativo en lugar de hacerlo a nivel cualitativo, que es como se debe tratar a las personas.