Ante los mismos representantes de la Plataforma Anti-fracking de Campo de Montiel (Albacete) que Emiliano García-Page se comprometió hace 3 años en El Bonillo a preparar una ley para prevenir la técnica de la fractura hidráulica en la región, este miércoles ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida.

Esta vez, estaban también los miembros de la Plataforma Anti-fracking de Guadalajara que han celebrado la aprobación del anteproyecto de una ley que será la más ambiciosa de España en la materia.

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Tras la reunión, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo  ha asegurado que “lo que hacemos es prevenir, mejor que curar, en esta práctica y, lo que ha hecho Castilla-La Mancha es ponerse del lado de la prudencia. En este caso, la prudencia está al lado del ‘no’ y la temeridad está al lado del ‘sí’”, en referencia a los permisos de investigación para sondeos autorizados en la región y que afectan a las provincias de Albacete y Guadalajara.

Martínez Arroyo ha anunciado  “hoy iniciamos el proceso de participación e información pública, es obligatorio que los ciudadanos conozcan estos proyectos de ley y vamos a estar un mes convocando a los consejos asesores de medio-ambiente y agricultura”. En este sentido ha aclarado que, cuando finalice el proceso, no podrá haber fracking en Castilla-La Mancha, “ni nuevos proyectos ni tampoco los antiguos permisos de investigación tendrán vigencia”, ha reiterado.

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El consejero ha explicado que en la futura ley se especificará un Plan Estratégico que habrá que cumplir y los posibles proyectos deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno mediante Decreto. En la elaboración de dicho plan participará desde el principio la población afectada y, en ambos casos resultará, además, preceptivo el trámite de información pública.

Los proyectos serán también objeto de evaluación ambiental estratégica en los términos marcados por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su legislación de desarrollo. En ella, se deberán analizar con especial atención los riesgos derivados de la técnica sobre la salud humana y el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión de los residuos generados y las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.

Será, ha precisado Martínez Arroyo, un plan “absolutamente restrictivo” en el que se zonificará el territorio recogiendo las zonas más vulnerables, así como una evaluación ambiental estratégica, que hará “imposible la práctica de esta técnica en la región”. También se modificará la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), que los ayuntamientos deberán tener en cuenta antes de autorizar cualquier proyecto de fracking en su territorio.

El borrador se basa en las recomendaciones de la Comisión Europea para prevenir la contaminación de acuíferos y suelos. Según Martínez Arroyo, “es una ley muy avanzada, probablemente la más moderna de España y que sigue el modelo de la comunidad autónoma de País Vasco que no ha tenido contestación por parte del Tribunal Constitucional”.

Una ley que, ha añadido, servirá de ejemplo para otras comunidades autónomas, como Asturias, que ya han mostrado su interés por las medidas adoptadas en Castilla-La Mancha.