Los dos arquitectos técnicos que elaboraron los planes de seguridad de unas obras que les han costado la vida a dos trabajadores en El Bonillo y en Villarrobledo han sido condenados por el juzgado de Lo Penal número 3 de Albacete. No irán a la cárcel pero no podrán ejercer su profesión durante un tiempo y se ha indemnizado sin rechistar, por parte de las aseguradoras, a las familias de las víctimas.
Otro responsable de una empresa, en este caso una frutícola de la comarca de Hellín, se sienta este viernes día 28 en el banquillo acusado también de un delito contra los derechos de los trabajadores por un accidente que no mató a un jornalero pero le machacó la pierna y le ha dejado secuelas importantes, según explica el fiscal en su acusación.
Los delitos son los mismos para todos los casos. Homicidio imprudente o lesiones, en función del resultado del accidente y un delito contra la seguridad en el trabajo. En los casos de los arquitectos técnicos se da la circunstancia de que quien elabora el plan de seguridad es a la vez quien dirige la obra de forma que se cumple con el papeleo, con el trámite obligatorio de realizar y presentar ese plan para proteger a los obreros pero luego en la obra, no se aplica, se sustituye, por ejemplo, la protección de un hueco de ascensor por unas simples tablas. O peor aún, se elabora el plan y se entrega al ayuntamiento que la realiza cuando la obra ya está casi acabada.
¿Qué medidas de seguridad tenía? ¿Qué idea tenían los trabajadores de la forma de trabajar y los medios para no poner en peligro su salud o su vida? Ninguna. Es lo que ha pasado en Sotuélamos, pedanía de El Bonillo, donde el 7 de octubre de 2009 un obrero se precipitó desde seis metros de altura cuando estaba desmontando un andamio en las obras de remodelación de una ermita, obras encargadas por el Ayuntamiento y realizadas con trabajadores municipales.
JUGARSE LA VIDA EN LA OBRA
Lo que ocurrió es que pisó un tragaluz cubierto de polvo en un tejado de uralita que tenía varios huecos no sólo sin asegurar, sino sin señalizar siquiera. La caída le provocó la muerte. Una semana después, el 14 de octubre de 2009, el condenado, arquitecto técnico, director de obra, entregó el plan de seguridad en el Ayuntamiento de El Bonillo. El juez dice en su sentencia que “durante las operaciones de desmontaje no había recurso preventivo ni disponían los trabajadores de línea de vida o punto donde poderse asegurar y evitar la caída” y que el ahora condenado conocía “la ausencia de las medidas por él dispuestas” ya que “visitaba la obra periódicamente y pese a ello no ordenó que se corrigieran los defectos existentes”.
Es culpable de un homicidio por imprudencia, es decir, de causar la muerte de una persona por no observar el cuidado que debía, ya que era el responsable de que existieran medidas de seguridad. Y también es culpable de un delito contra la seguridad de los trabajadores, que es “la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales” y, estando “legalmente obligado”, por su cargo, no facilitar “los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas” poniendo “en peligro grave su vida, su salud o integridad física”.
Por todo esto la condena al aparejador es de nueve meses de prisión, una multa y la inhabilitación para ejercer el oficio durante ese tiempo, pero no irá a la cárcel porque se llegó a un acuerdo con la familia de la víctima, acuerdo entre acusación y defensa, que, entre otras cosas, incluía el compromiso de pagar una indemnización de algo más de 106.000 euros en 15 días. Lo que ha hecho el juez es ‘suspender’ la pena de cárcel, por varias circunstancias que permite la ley, como que se haya reparado el daño o que no se advierta peligrosidad en el criminal, riesgo de que vuelva a delinquir. La suspensión es por cuatro años. Si en ese plazo comete otro delito, cumplirá la pena de prisión. Si no, bastará con la multa y la inhabilitación.
En el caso de Villarrobledo lo que ha hecho el juzgado es sustituir la cárcel por una multa partiendo de las mismas razones y circunstancias. También hubo conformidad en el juicio. Los acusados reconocieron su responsabilidad y la familia de las víctimas aceptó la indemnización ofrecida. En este caso el accidente ocurrió en diciembre de 2007 durante a construcción de unas viviendas. El jefe de obra y autor del plan de seguridad establecía que debía protegerse el hueco del ascensor con barandilla, barrera, listones, rodapiés y unas mallas para tapar el hueco. En su lugar, colocó unos tablones con un puntal. Uno de los escayolistas perdió el equilibrio cuando estaba trabajando en el rellano y cayó por el hueco del ascensor desde una altura de 12 metros. Trató de agarrarse a los listones protectores pero se rompieron y murió al instante.
RESPONSABLES
Están condenados tanto ese jefe de obra como el administrador de la empresa escayolista porque conocía el plan de seguridad y la obra y a pesar de ello no dijo nada para remediar la falta de protección para sus trabajadores. Y es que el Código Penal establece que si es una empresa o institución, una persona jurídica, en fin, la responsable del delito, cumplan la pena “los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello”.
La condena en este caso es de ocho meses de cárcel para cada uno pero se sustituye por 16 meses de multa, a 5 euros el día, aparte de la correspondiente indemnización para la familia de la víctima, que dejó mujer e hija.
Más suerte tuvo el jornalero que en la noche del 10 al 11 de junio de 2010 estaba clasificando fruta en una empresa de la comarca de Hellín. Era su tercer día de trabajo y no había recibido ninguna información ni formación sobre las tareas que iba a realizar, y mucho menos sobre medidas de seguridad. Esa noche le molestaba para la faena una transpaleta eléctrica así que decidió moverla sin tener ni idea de cómo funcionaba esa máquina. Se le quedó atrapada la pierna rompiéndosele la tibia y el peroné. Tardó en curarse unos cinco meses y le han quedado secuelas. Están acusados de un delito de lesiones y de otro contra los derechos de los trabajadores el encargado de contratar a los trabajadores, que era quien daba las instrucciones sobre el trabajo, y el director de la empresa que conocía, según explica el fiscal en su escrito de acusación, la forma en que se hacían las contrataciones y la ausencia de formación. Los dos se enfrentan a un año y cuatro meses de cárcel, que es la pena que pide el fiscal para ellos, además de una multa y la inhabilitación profesional durante ese tiempo.
MAS PARO, MENOS ACCIDENTES LABORALES
Desde que comenzó la crisis económica hace ya cuatro años, la siniestralidad laboral se ha visto reducida sobre todo en el sector de la construcción pero no porque se haya mejorado en la seguridad de los trabajadores y en la prevención sino porque se trabaja menos. La actividad ha caído y la precariedad en las condiciones de trabajo ha aumentado, incrementando por ejemplo, los accidentes in itinere, en los desplazamientos. Es lo que advierten los sindicatos.
Las cifras, las oficiales, nos dicen que el último año hubo casi un 6% menos de accidentes laborales en la provincia de Albacete. Son datos de la Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral, hechos públicos el viernes pasado. Menos accidentes pero mismo índice de incidencia, precisamente porque hay menos actividad, menos empleados que puedan sufrir un siniestro. En 2013, en Albacete, 2.701 de cada 100.000 trabajadores sufrieron un accidente laboral, lo mismo que en 2012.
Esta misma semana, el lunes, un trabajador resultaba herido al caer desde una altura de unos 5 o 6 metros cuando estaba instalando una antena de telefonía en La Roda. Según informa Crónica de La Roda, el accidente ocurrió por la tarde, en la calle Castelar, y los bomberos voluntarios de Protección Civil de la localidad, junto con un equipo de Villarrobledo, tuvieron que rescatar al herido.