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Opinión

El Trasvase Tajo-Segura no da más

El Memorándum del Tajo se va a derogar ‘de facto’

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20 de enero de 2020

El debate del agua no debería ser dónde, sino para qué y cómo. Mientras Castilla-La Mancha está viviendo un ‘boom’ de cultivos leñosos que se suman al viñedo, como el almendro o el pistacho, que necesitan muy poca agua y absorven CO2, siendo fundamentales en la lucha contra el cambio climático; en otros lugares vemos un empeño por mantener modelos económicos insostenibles para el medio ambiente y que, en muchos casos, distan del uso del agua para agricultura, sino que va destinada, finalmente, a contribuir a otros intereses económicos, de los que no se habla relacionados con el turismo o la urbanización de lucrativas zonas.

Pero, además, en el caso concreto de la agresión al Mar Menor, se constata la existencia de unas 10.000 hectáreas de regadío que no cuentan con concesión en la Región de Murcia, en explotaciones cuya actividad debe ser prohibida a la mayor brevedad; y de cuya localización va dando cuenta la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) al Gobierno de Murcia para su clausura, sin que hasta el momento éste haya demostrado ninguna diligencia en ejercer sus competencias.

Desde Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo pedía este jueves en las Cortes regionales una voz única a los diputados defender los intereses de la Comunidad Autónoma en materia de agua. Al tiempo que pedía al PP que invitara a su líder, Pablo Casado a venir a conocer los cultivos de la la región que necesitan acceder a este recurso.

Sin embargo, no sólo la visita no se ha producido, sino que además este domingo, Casado participaba en un acto de partido en Murcia donde ha librado de toda culpa a los gobiernos populares en la Región por el penoso estado del Mar Menor. Y ha dejado titulares como éste: “Una joya que sufre un momento delicado por una catástrofe atmosférica de la que nadie es responsable”.

Una imagen, que trataba de emular a la de cuando el PP tenía mayoría de presidentes en las comunidades autónomas. Hoy, con alcaldes, volviendo a prometer destinar esfuerzos para la recuperación del Mar Menor. A la vez que aprovechaba la visita para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el nuevo y el anterior por aprobar los últimos trasvases de agua del Tajo al Segura, “solo para consumo humano y no para regadío”.

Una difamación interesada, a sabiendas que las reglas las estableció el PP en la primera legislatura de Rajoy, a toda prisa. En concreto, la Ley 21/2015, de 20 de julio, fijó las reglas de explotación del Trasvase; que estableció cuatro niveles, determinando que en los niveles 1 y 2 los volúmenes a trasvasar quedan establecidos de forma automática por parte de la Comisión, en situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno, y en nivel 3, denominado “de situaciones hidrológicas excepcionales” es el órgano competente, y no la Comisión, quien autoriza discrecionalmente y de forma motivada, un trasvase de entre 0 y 20 hm3/mes.

Previamente, se hicieron esta foto: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirige a los asistentes en presencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y los presidentes de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y Madrid, Ignacio González, y el consejero de Fomento, de Extremadura, Víctor del Moral. (La Moncloa, Madrid – 11/12/13)

Si el Gobierno del PP hubiese querido que la decisión en nivel 3 fuese estrictamente técnica, no la habría diferenciado expresamente del resto de los niveles, en su día.

¿Y qué razones llevó al Gobierno del PP, promotor de la Ley, a que la decisión a adoptar en el nivel 3 corresponda al órgano político en lugar de al técnico? Seguramente, se debe a la necesidad de aplicar los principios de prevención y de precaución, cuando se valoran riesgos que podrían afectar a la población y que requieren de decisiones anticipatorias no previstas en la regla.

En todo caso, hoy rigen las reglas de Rajoy y Cañete establecidas en un Memorándum del Agua, que el consejero castellanomanchego está convencido se va a derogar ‘de facto’ porque no va a haber agua.

 

Sentencia del Tribunal Supremo y cumplimiento de la Normativa europea

El tramo final del Tajo son 300 kilómetros de embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un río y 40 años de trasvases han agravado el estado de la cuenca del río. Además de generar un desequilibrio social que no soluciona el problema de la cuenca receptora y sólo estimula más el crecimiento de la demanda de agua.

Es necesario llevar a cabo las acciones necesarias para conseguir un verdadero régimen de caudales ecológicos para el río de acuerdo a los valores de la Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua y alcanzar un buen estado de las masas de agua superficiales.

Además de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a fijar caudales ecológicos (el volumen mínimo de agua necesario para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera) en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (zonas de cabecera del río) que no estaban fijados en el Plan Hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, lo cual modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.

La Confederación Hidrográfica del Tajo deberá presentar un nuevo plan adaptado a estos nuevos caudales ecológicos, que ahora mismo «no está cumpliendo».

Gobierno verde

El decidido empeño del Gobierno de Pedro Sánchez viene demostrando su compromiso en este período de gestión para acabar con el regadío ilegal e insostenible que está poniendo en riesgo los recursos naturales del país, la estabilidad del propio sector y la seguridad de disponibilidad de agua.

Este Gobierno ha puesto en marcha un plan de erradicación del regadío ilegal que se ha venido traduciendo en la detección y sellado de pozos no autorizados, en el precintado de desalobradoras clandestinas, o en la identificación de superficies de regadío que no cuentan con concesión administrativa, entre otras medidas. Actividades que atentan contra la seguridad ambiental, al tiempo que generan una competencia desleal en los mercados, poniendo en riesgo la estabilidad del sector agrario regulado y que están siendo investigadas en diferentes causas abiertas por la fiscalía y los tribunales.

En cuanto al regadío regulado, los hechos hablan por sí solos: el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo añadido para optimizar la capacidad de desalación en aquellas zonas en las cuales la demanda de agua agregada ha superado la capacidad de las cuencas de referencia para atenderla con suficiencia, apoya los planes de modernización que las comunidades de regantes proyectan en distintos territorios, ha puesto fin al llamado impuesto al sol, que suponía una barrera insalvable para proyectos agua y energía destinados a abaratar costes energéticos para los agricultores, y se ha conseguido, después de meses de arduas negociaciones, sacar adelante un reglamento europeo para la reutilización del agua para el regadío, que da seguridad a todo el sector agrario.

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