¿Habrá algún tema más complejo para tratar públicamente que el aborto? Preguntes a quien preguntes, todos tenemos una posición al respecto. Es de esos escasos temas en los que casi nadie está dispuesto a variar su opinión. La familia Gallardón no iba a ser una excepción.

Conviene recordar que fue el padre del hoy ministro de Justicia quien llevó la antigua ley de los años ochenta ante el Constitucional ya que, según él, atentaba contra la vida del no nacido quien aparenta tener más derechos que la propia madre. Ahora, su hijo continúa con esta “cuestión familiar” al plantear una Ley más restrictiva que aquella.

El Gobierno plantea una nueva Ley que regule el Aborto en España, una ley que desde su nombre es una verdadera declaración de intenciones. Este anteproyecto se llama “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada” nombre que choca frontalmente con la actual legislación la “Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del Embarazo”, solo con leer el nombre de ambas leyes uno se da cuenta que con la nueva legislación desaparece la salud sexual y reproductiva y se anteponen los derechos del no nacido a los de la mujer.

La elección del nombre, evidentemente, no es fruto del azar, sino que responde a las verdaderas intenciones del Gobierno. Desaparece la referencia a las interrupciones voluntarias del embarazo (aborto) ya que será prácticamente imposible que en España se lleve a cabo algún aborto legal tras la promulgación de la Ley. Basta con leer los requisitos y trámites burocráticos exigidos para darse cuenta que más que una penalización del aborto, se trata de una práctica desaparición del aborto legal. Ningún profesional va a enfrentarse a tres años de prisión y a la inhabilitación en su profesión por practicar un aborto, ya que las circunstancias que han de darse para que dicho aborto sea legal son tan tortuosas y subjetivas que lo harán del todo inviable.

¿Esto quiere decir que va a desaparecer el Aborto en España? El legal sí, los abortos seguirán practicándose, en el mismo o en mayor número que hasta ahora, pero escondidos, en sitios clandestinos sin control sanitario o en el extranjero para las más pudientes.

Se trata de una modificación legal que responde a una práctica legislativa nefasta para el ordenamiento jurídico español. Sustituyen una ley en vigor, con amplio reconocimiento por parte de la sociedad y que es efectiva – ya que el número de abortos en el año 2012 se redujo por segunda vez en la historia de España – por otra legislación contraria que, lejos de colmar lagunas jurídicas o completar la reacción legal ante un aborto, nos llena de inseguridad a la hora de actuar, tanto de las mujeres como de los profesionales. Sustituir una ley que funciona por otra que aumenta la inseguridad jurídica es propio de sistemas autoritarios y atenta contra los principios de legalidad y de tutela judicial efectiva consagrados en nuestra Constitución.

Otro de los grandes problemas legales que plantea esta ley es que no solo prevé penas para los profesionales médicos sino que se plantea una pena de uno a tres años de prisión para quien indujere a la mujer a practicar un aborto o consentir que otra persona lo hiciere.  Es decir, el entorno que apoye a la mujer, su pareja, su familia, o incluso los enfermeros o enfermeras que asistan a la mujer en la Clínica o las asociaciones que acompañen a la mujer en estos momentos son susceptibles de ser condenados hasta a tres años de cárcel. Es una estrategia de vaciar de apoyo al entorno de la mujer que decide abortar, que además crea una enorme inseguridad jurídica al respecto, ya que todos somos potenciales delincuentes, incluso yo mismo escribiendo esta reflexión, y otorga a los jueces un alto poder de decisión sobre la materia quedando por tanto a su arbitrio decidir qué se entiende por inducir. Esto abre la puerta a que las mentes más conservadoras del mundo del derecho vean la posibilidad de amedrantar a los entornos favorables a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres bajo la amenaza de cárcel.

La legislación propuesta ahoga las posibilidades de aborto legal hasta hacerlo del todo inviable en nuestro país, además de sumar una excesiva carga de estrés y ansiedad en la mujer que está a punto de pasar por el momento más desgarrador de su vida. Se vuelve a la concepción de la mujer como una persona inmadura para tomar sus propias decisiones y cuya misión fundamental en la vida reside en traer hijos a este mundo, sin importar ni en qué circunstancias ni que calidad de vida tendrán estos una vez nacidos. En definitiva, se te protege hasta que naces y una vez aquí el estado se desentiende.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres vuelven a pender de un hilo, o más bien de un botón, el que pulsarán sus Señorías para votar a favor o en contra de un proyecto de Ley.

Por ello, desde estas líneas pido un clamoroso apoyo social hacia las mujeres. Apoyo que tiene que venir también desde el lado masculino, ya que como ciudadanos y objetos de derechos nos debe afectar y nos afecta que la mitad de la sociedad sea considerada como incapaz y se vapuleen sus más íntimos derechos.