El asunto apresurado de hoy sería extraer las consecuencias de las declaraciones del secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (2007-2009) Ricardo Costa Climent, esta semana.
Costa explicó durante varias horas como funcionaba la caja B del PP de la Comunidad Valenciana, que su partido costeó los mítines que se organizaron en Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2008 que tuvieron a «M. Rajoy» como candidato a la presidencia del Gobierno, y que entregó a Pablo Crespo más de medio millón de euros en mano.
El problema es contrastar la contundencia de esas declaraciones con aquellas de 2009 en las que expresaba todo lo contrario: “El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que todo lo que se está investigando en los tribunales de Valencia , nada de nada, rien de rien, en blanco como en un folio”.
O las declaraciones del 25 de septiembre de 2009 “¿No será que Zapatero está débil como presidente?”. O, “Cuando al señor Rubalcaba los jueces no le dan la razón usa a la Policía”.
Es el viejo truco. En un principio se niega todo. Y por el principio jerárquico, y a toda costa, se excluye al jefe supremo de toda implicación y sospecha. Al ir avanzando las evidencias se retrasa el procedimiento lo más posible. Con argucias procesales, sustitución y promociones de fiscales, de jueces, etc. De forma que cuando las evidencias contra el responsable máximo comienzan a aparecer, las posibles causas contra él ya hayan prescrito. Y entonces, si no ha fallecido, se le degrada a militante de base, o a senador, o se le expulsa de la militancia, y se le echan las culpas de todo. Penas menores, ninguna responsabilidad importante, acuerdos con la fiscalía, y el Partido Popular queda indemne presentándose a sí mismo, en su propaganda repugnante, como campeón de la lucha contra la corrupción.
Los otros grupos políticos piden dimisiones, invocan la comparación con las formas de proceder en las democracias avanzadas europeas, etc. No hay casi ni suicidios.
Claro que en los casos delictivos, en los que se ha obtenido alguna ventaja o bien de manera fraudulenta, los autores están obligados a devolver el bien así obtenido. En el caso que se está comentando, si una representación política se ha obtenido por medios fraudulentos, tenía que pasar lo mismo. Perder la representación, devolver las subvenciones y lo que conllevan, los sueldos percibidos, etc., y hasta las ventajas que se deriven para las jubilaciones especiales que se hubieran obtenido.
Nada de eso es fácil que vaya a pasar. Pero los partidos que estuvieran de verdad contra esas prácticas podrían disponer de otros recursos. Por ejemplo, quien asista con frecuencia a los plenos del Ayuntamiento de Albacete no puede evitar, al ver las alocuciones de los representantes del Partido Popular, compararlas con la prosodia de esas declaraciones institucionales, recuérdenlas, por favor, en las que se asegura que lo que verdaderamente hay no es una trama del PP, sino un complot contra el PP. No se sabe cómo pueden evitar no tomarlos a broma, y, en consecuencia, no darles ni conversación.
Se trataría de que los demás grupos, colegiadamente, trataran de hacer las cosas lo mejor posible. Allí dónde tenga mayoría suficiente, que el PP impusiera su parecer, y que los demás grupos actuaran como si el PP no existiera. Y cuando pueden alcanzar acuerdos sin contar con el partido que genera esas prácticas, pues a lo suyo. Si esta sugerencia se tratara de poner en práctica en algunas instituciones, su efecto se notaría en todas. Y a las/los representantes del PP que tuvieran vergüenza se les crearía una situación incómoda que les obligaría, tal vez, a replantearse su tarea de representación.
La situación, y el calificativo apropiado, están recogidos en las referencias que figuran al principio.