Breve introducción histórica

La capacidad del ser humano para transformar el medio ambiente durante la Prehistoria fue muy reducida, porque la población era escasa y solo disponía de herramientas muy rudimentarias. Sin embargo, el uso del fuego, que empezó hace más de 400.000 años y de la rueda, hace tan solo 5.000 años, marcaron dos hitos decisivos para el avance de la humanidad al poder disponer, respectivamente,  de una fuente de calor y  luz y de una máquina simple que facilitó el transporte. Quizá empezaran entonces los primeros incendios forestales intencionados para crear corredores despejados de vegetación.  El Neolítico (nueva piedra) supuso la implantación de asentamientos humanos estables, con el comienzo de la arquitectura y la domesticación de plantas y animales: surgió la agricultura y la ganadería.

En la Edad Media, castillo y espada, se hizo habitual la quema de bosques para evitar las emboscadas del enemigo. Ya en el siglo XIX, la revolución industrial, con la máquina de vapor, trajo consigo la quema de grandes cantidades de carbón para mover la industria, junto con la extracción descontrolada de recursos naturales para obtener materias primas, la expansión de las ciudades extramuros y el auge del transporte a través del ferrocarril y por vía marítima.

En el siglo XX, el aumento de la población y de la esperanza de vida, los avances en la producción de alimentos de manera intensiva, la utilización del petróleo como fuente básica de energía, la expansión de las grandes urbes y el despoblamiento del medio rural pusieron en jaque al equilibrio de los ecosistemas. En la década de los 80 ya sonaron las primeras alarmas de que estábamos dañando de forma considerable nuestra propia casa: el planeta Tierra daba sus primeros síntomas claros de agotamiento, vimos como dejaba de nevar y comprobamos que la temperatura media aumentaba.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, la creciente población mundial y su actividad, en muchos casos galopante,  han provocado serios problemas medioambientales en nuestro planeta como son el calentamiento global, la desertización, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

La amenaza de despoblamiento y  la oportunidad de las energías renovables

La sangría de habitantes en nuestros pueblos que los abandonan para irse a vivir a las grandes ciudades y la subida de la temperatura media del planeta acompañada de  una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, son dos problemas acuciantes, ambos de tendencia creciente, que hay que resolver con prontitud.

Para intentar solventar estos dos asuntos de gran importancia, la creación de una Vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico refleja la sensibilidad del actual Gobierno de España en intentar solucionarlos, asignándoles un rango de dedicación superior al ministerio, en sintonía con las instituciones de la Unión Europea.

Y es que  son dos problemas de tal calado, que requieren actuaciones decididas y rápidas por parte de las Administraciones públicas, con la indispensable colaboración ciudadana. El primero de ellos, la transición ecológica, es el puente que nos permitirá ir salvando la situación de desequilibrio medioambiental del bioma (ecosistema de toda La Tierra) que hemos provocado los humanos con nuestra actividad irrespetuosa con el medio ambiente. Aún estamos a tiempo de revertir la situación de cambio climático si actuamos decididamente y con grandes remedios.

Así, recordando a Castelao, que deseaba una Galicia futura con fábricas sostenibles de papel, obtenido a partir de una selvicultura respetuosa de los abundantes bosques, que impulsaran la economía, podemos nosotros pensar en una España cercana, salpicada de parques eólicos, de centrales solares fotovoltaicas y plantas de biomasa, que serán el resultado de una clara apuesta del Gobierno de España por las energías renovables. Estas energías limpias e inagotables (a escala humana) nos podrán liberar de la dependencia del petróleo (aceite de piedra). De este modo, además de contribuir a mitigar el cambio climático, el importe de la factura de compra de crudo disminuiría sustancialmente, contribuyendo al equilibro de la balanza de pagos. En nuestra tierra tenemos los elementos del medio natural necesarios para producir energía eléctrica de manera limpia y sostenible: aquí no nos faltan ni el viento, ni el sol, ni los montes porque el 45 % de la superficie española es de uso forestal y con tendencia a crecer, debido a la despoblación del medio rural.

Reto demográfico

Es precisamente la emigración de los pueblos a las ciudades, el Reto Demográfico, el otro problema a abordar. Pero, los habitantes de las ciudades se podrían preguntar por qué es tan malo que se despueble el medio rural (la España vacía), cuestión que ahora está tan de moda. La importancia del medio rural (que según uno de los criterios al respecto, comprende los municipios con población inferior a 10.000 habitantes en contraposición con el medio urbano), se justifica porque se extiende sobre el 92 % del territorio europeo (UE-27) y contiene al 56 % del total de su población. En este espacio la agricultura y la ganadería producen los alimentos, se localizan los bosques y tienen lugar procesos ecológicos claves para el mantenimiento de la vida.

El mundo rural tiene una serie de problemas comunes como son el citado despoblamiento, la insuficiencia de mujeres, el envejecimiento de su población (pirámide de edades invertida), la falta de oportunidades en el empleo, las rentas inferiores al medio urbano, la escasez de servicios sociales y las deficiencias en las comunicaciones. El Desarrollo Rural se puede definir como un modo de gestionar el territorio mediante una planificación que posibilite su crecimiento ordenado y equilibrado en los aspectos económico, social y ambiental, incrementando la calidad de vida de sus habitantes y diversificando la economía de las zonas rurales. Se trata de planificar y de ordenar el territorio para poder avanzar en el progreso de las zonas rurales, especialmente de las más deprimidas.

Francisco Martínez Arroyo, nuestro consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, plantea dos medidas de choque: 1. Fiscalidad cero para las actividades económicas en los pueblos y 2. Reducciones muy significativas en las cuotas a la Seguridad Social o en el IRPF para las personas que de verdad vivan y trabajen en los pueblos.

Ambas medidas, acertadas y valientes, hay que acompañarlas de médico, escuela y buenas comunicaciones, tanto telemáticas como de transporte. Entiendo que el fortalecimiento de las cabeceras de comarca, pasando a un sistema policéntrico de pueblos grandes con unos servicios suficientes que hagan agradable la vida en ellos y que estabilicen sus entornos comarcales es el camino a seguir para invertir la tendencia huida hacia las grandes ciudades. En ellas, hay que focalizar los esfuerzos de las
Administraciones públicas para estos no se diluyan en algunos pequeños núcleos del amplio espacio rural que, lamentablemente, ya no son revertibles.

Consecuentemente, hay que dirigir el esfuerzo público a municipios con masa crítica poblacional mínima (mayores de 1.000 habitantes).  Pero, además, el volumen económico del esfuerzo tiene que ser grande para que sea efectivo, si no es así,  servirá de poco. Con todos los fondos estructurales comunitarios: FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural; FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional;  FSE Fondo Social Europeo y  el Fondo de Cohesión, junto con la aportación nacional y de Castilla-La Mancha, hay que sumarlos (es la opción multifondo) para nutrir al desarrollo rural.

1.487 millones de euros fue el montante del FEADER para el periodo 2014-2020, si lo dividimos entre 7 años y entre 29 comarcas sale 1 millón de euros por comarca y año, con esto no podemos promover ningún cambio. Y si descendemos a nivel de municipio, siendo la media 32 municipios por comarca, nos quedaríamos solo con 32.000 euros por municipio y año, una cifra que raya la ridiculez. Por tanto, hay que sumar e incrementar significativamente todos los fondos para  lograr un volumen digno.  Y, además, de sumarlos, hay que dirigirlos al centro de la diana. Una diana del territorio rural en la que, al menos, se distinguen claramente tres círculos concéntricos distintos, que simbolizarían las tres diferentes zonas que tiene el medio rural cada una de ellas con características y necesidades distintas.

Zonificación

1. Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.

Estas zonas son: en la provincia de Guadalajara son la Sierra Norte y Molina de Aragón-Alto Tajo; en Cuenca la Alcarria, la Serranía y la Sierra Media-Mancha; en Albacete, la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y la Sierra del Segura; en Ciudad Real, Montes Norte, Montes Sur y el Valle de Alcudia; y en Toledo, la Campana de Oropesa y La Jara. Su densidad de población es inferior a 7,5 habitantes/km². Se señalan a continuación, en color azul claro,  en la Figura 1.

Figura 1.  Zonas Rurales a revitalizar  en Castilla-La Mancha. Fuente PDR CLM

2. Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.. Estas zonas son: en la provincia de Guadalajara la Alcarria y Campiña y Tajo-Tajuña; en Cuenca La Manchuela y Záncara; en Albacete Mancha-Júcar-Centro y La Manchuela; en Ciudad Real el Campo de Calatrava y la Mancha, y en Toledo, Montes de Toledo, Mancha y Mesa de Ocaña. Su densidad de población está comprendida entre los 7,5 habitantes/km² y los 15 habitantes /km². Se señalan en color azul oscuro en la Figura 2.

Figura 2.  Zonas Rurales intermedias. Fuente PDR CLM

3. Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de áreas urbanas o áreas densamente pobladas.

Estas zonas son: en la provincia de Guadalajara; el Corredor del Henares, próximo a Madrid, en Cuenca; ninguna; en Albacete Monte Ibérico-Corredor de Almansa y Campos de Hellín; en Ciudad Real Alto Guadiana y La Mancha y, en Toledo; La Sagra.  Su densidad de población supera los 15 habitantes /km². Se señalan en color amarillo oscuro en la Figura 3.

Figura 3.  Zonas rurales periurbanas Fuente PDR CLM.

Esta zonación ya la estableció la Ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y se ha aplicado en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Hoy en día, estos mismos mapas siguen siendo válidos para reflejar las características socioeconómicas del medio rural de nuestra región y, prácticamente, casi coinciden con las comarcas de actuación de los Grupos de Acción Local o de Desarrollo Rural de la Medida LEADER.

Los Grupos de Desarrollo Rural, asociaciones sin ánimo de lucro, representan a los agentes socioeconómicos (tanto públicos como privados) y deciden democráticamente qué proyectos se aprueban y que intensidad de ayuda les corresponde, conforme a un baremo previamente establecido por la Junta Rectora de estas asociaciones. La opción multifondo gestionada por los grupos de acción local, que ya tienen una buena experiencia acumulada en programas LEADER anteriores, es capital para abordar el problema de la despoblación: tendríamos  un volumen conjunto de dinero significativo para hacer proyectos  y además sería gestionado por una sola entidad: el Grupo de Acción Local, que es la que mejor entiende su territorio, porque, entre otros motivos, está en él.  Porque, ¿quién mejor que la propia población que vive,  trabaja y conoce su territorio para decidir qué proyectos le interesan a la comarca?

En mi opinión, para atajar el problema del despoblamiento hay que:

1. Dedicar partidas presupuestarias bien nutridas para este fin, incrementar y sumar todos los fondos disponibles para el desarrollo rural en la opción

 

2. Aunar la gestión de los fondos en una sola entidad que está en el territorio y representa a toda su población: el Grupo de Acción Local, de este modo no dispersaremos esfuerzos y se coordinarán las actuaciones.

 

3. Aplicar la misma zonificación a todos las actuaciones, dirigiendo decisivamente la inyección pública monetaria  al  medio rural, pero a parte de él:  aquellas zonas  donde más se necesita y focalizando las inversiones y las ayudas en pueblos que todavía son viables. Así, nos centraríamos en las zonas rurales a revitalizar con prioridad y en un segundo plano a las zonas rurales intermedias. Dentro de estas zonas, aunque duela decirlo, hay que dirigir el esfuerzo a aquellos municipios que aún conservan más de 1.000 habitantes, para gastar el dinero público en retos ganables.

 

4. “Fiscalidad cero” para los promotores y deducción significativa en impuestos.

 

5. Mantener los servicios públicos que hay en los pueblos como son consultorios médicos y las escuelas, terminando la red de despliegue de telecomunicaciones y potenciando el “taxi rural”.

Energías renovables

Por otra parte, cabe plantearse una cuestión: ¿cómo se podría aprovechar la lucha contra el cambio climático para frenar el despoblamiento del medio rural? Con un análisis de las relaciones y sinergias entre estos dos problemas y con el emprendimiento privado, facilitado por las Administraciones públicas quizá podamos aminorar ambos a la par. No es inventar la pólvora, es avanzar rápidamente por un camino ya iniciado: el de las energías renovables.

La provincia de Albacete es puntera en la generación de energías renovables, siendo una de las provincias españolas que más energía eléctrica produce gracias al viento, con más de 2.000 Megawatios de potencia instalados.  Albacete forma parte de la ‘España vacía”, y producción de electricidad en los parques eólicos instalados en la provincia supone una importante aportación a su economía. Según información de  Energías Renovables,  https://www.renewableenergymagazine.com, 31.10.19, la generación eólica de Albacete es muy relevante para la sociedad española y de Castilla–La Mancha, ya que en 2018 supuso el 1,8 % del total de generación eléctrica peninsular, y el 37 % de la demanda eléctrica de toda Castilla–La Mancha. Además, evitó la emisión a la atmósfera de 1 millón de toneladas de CO₂ (por un valor equivalente a 15,9 millones de euros), el equivalente a 2,5 toneladas de CO₂ por cada habitante de la provincia, o a plantar una encina por cada 2 habitantes. También evitó la importación de combustibles fósiles por un valor de más de 200 millones de euros.

Nuestro consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero ha informado que somos “la primera comunidad autónoma del país en potencia instalada en energía fotovoltaica; la segunda en producción de energía eólica; y la tercera en termosolar”. Una muestra clara, ha dicho el consejero, de la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por una transición energética donde las energías limpias juegan un papel fundamental en la “lucha contra el cambio climático”. Opino que este es el camino a seguir y que debemos seguir avanzando decididamente por él, sin demora alguna.

Sin embargo, el conservacionismo a ultranza, en ocasiones traducido en normativa de aplicación, excluye la posibilidad de instalar aerogeneradores en la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Es cierto que hay que buscar un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales para que los nuevos proyectos que se quieran realizar se integren en el medio natural y no perjudiquen lo menos posible al medio ambiente. Gestionar un área protegida no es meterla en una urna de cristal, por si se estropea, sino que hay que gestionar activamente los espacios protegidos, con criterio conservacionista sí, pero sin fundamentalismos.

Las zonas rurales más desfavorecidas coinciden en gran parte con la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, son las sierras de la orla montañosa de nuestra región. Encima de ser las zonas más desfavorecidas, resulta que no pueden instalar parques eólicos en ellas, porque según dicen algunos, creo que erróneamente, se perjudicaría gravemente a la fauna o al paisaje. El impacto ambiental hay que valorarlo en su conjunto, no solo con criterios paisajísticos o faunísticos, que también, sino teniendo en cuenta las reducciones de emisiones de CO_2, que ahora son prioritarias y el necesario desarrollo socioeconómico de las zonas rurales a revitalizar.

Sin embargo, hay aspectos mejorables en ese asunto, porque también es una realidad que aquí soportamos la mayoría de los aerogeneradores y los parques fotovoltaicos. Estas instalaciones  producen una energía que luego se transporta por largas líneas eléctricas de alta tensión y que termina consumiéndose en otros sitios distantes de Castilla-La Mancha.  No obstante, entiendo que hay que ser solidarios, hasta que otras regiones alcancen su nivel de autoconsumo en energías renovables. Sabemos que ya hemos sido solidarios con el agua durante décadas. Pero, para que esta solidaridad sea justa, tiene que haber una recompensa en  inversiones en infraestructuras y servicios para el medio rural de Castilla-La Mancha. Unas infraestructuras que nos permitan sustituir los costosos bombeos de agua subterránea por aguas superficiales, bien procedentes del río Júcar o bien del Trasvase Tajo-Segura. Este trasvase cruza nuestros campos secos sin dejarnos agua para poder regar y transformar cultivos de secano en regadío.

Sí, queridos lectores, Castilla-La Mancha produce energía eléctrica y también genera agua, pero luego se la llevan de aquí. Y energía podemos exportar, pero el agua precisamente no nos sobra. Somos una región seca y la necesitamos aquí para mantener los caudales ecológicos del río Tajo y para regar nuestros campos, en una agricultura con futuro que permita consolidar la población de las áreas rurales castellanomanchegas. Y los agricultores y ganaderos ya están hartos de una coyuntura que apenas les permite siquiera cubrir los costes de producción, lo hemos visto en estos días con las manifestaciones y las tractoradas, reclamando  ser  escuchados por la sociedad y atendidos por los poderes públicos.  Y tienen razón.

Hablando de agricultura, hay que abrir una pequeña ventana a la esperanza para determinadas zonas rurales. Con el cambio climático, al elevarse la temperatura media se posibilitará el cultivo de hortícolas (pimientos, brócoli, etc) en zonas más altas porque el empresario agrícola que antes cultivaba en Murcia, por ejemplo, ahora busca climas más frescos. Estas zonas se localizan en su mayoría en zonas rurales deprimidas donde se generará empleo y un incremento en el valor de las tierras, siempre y cuando se tenga acceso al agua para poder regar. Aunque pueda parecer sorprendente esto ya se está produciendo en fincas del término municipal de El Bonillo, con una altitud que supera los 1.000 m snm. Por eso, la disponibilidad de agua en estas zonas rurales mediante las concesiones de las confederaciones hidrográficas correspondientes es básica para darle nuevas oportunidades a las zonas rurales más deprimidas. Téngase en cuenta que la rentabilidad de un cultivo en regadío es del orden de 4 a 5 veces mayor que la de un secano y que la supervivencia de la agricultura pasa por el acceso al agua.

Sector forestal

Pasando al sector forestal, una posibilidad real es la utilización de la biomasa como fuente de energía. La Estrategia Regional de la Biomasa es una planificación que se irá implantando en los próximos cuatro años y que prevé la creación de unos 2.000 empleos y la reducción de hasta 14.000 toneladas de emisiones de CO₂ a corto plazo. Busca con ello un cambio de modelo energético  menos dependiente de los combustibles fósiles aprovechando recursos disponibles en la región como la biomasa forestal. Una de las primeras fases de implantación de calderas se está llevando a cabo en institutos de educación secundaria.

En la implantación de la Estrategia de Biomasa, el Gobierno Regional  considera “muy necesario” compatibilizar los planes de extracción de madera y biomasa forestal residual con los planes de defensa contra incendios forestales de carácter comarcal. La extracción de la biomasa forestal procedente de podas, desbroces y clareos necesita mano de obra en el monte que puede proceder de los pueblos próximos. Precisa también el uso de maquinaria para el desembosque, acumulación  y transporte desde campas logísticas a las fábricas de pelets. Todo ello generará movimiento y empleo en el medio rural.

Choperas

Otra posibilidad tangible es la populicultura: el cultivo de especies arbóreas de crecimiento rápido como el chopo. Con el cambio climático, el escaso agua disponible quedará en mayor medida en los sotos y  vegas de los ríos, donde se puedan plantar chopos. La populicultura conlleva la participación de viveristas, maquinistas, operarios y técnicos forestales, transportistas y personal laboral y auxiliar de las industrias de transformación.

Una de las medidas que impulsarían el cultivo y aprovechamiento del chopo sería el fomento por parte de la administración de los consorcios forestales de las plantaciones de chopo. El consorcio forestal es un contrato entre el propietario (persona física o jurídica, que aporta los terrenos en los que se plantarán las choperas) y un gestor que es el encargado de la plantación y de su mantenimiento (gradeos y podas), hasta el turno de corta que suele ser de 15 años. Sin embargo, para que el consorcio sea viable económicamente para la parte gestora, la superficie de las choperas debe tener al menos 3 ha. no excesivamente separadas entre sí.

El impulso de los consorcios forestales puede contribuir a dinamizar el mundo rural, aportando trabajo durante todo el año, con gente de los pueblos próximos a las plantaciones. También conlleva una serie de beneficios ambientales inegables  como la estabilización de las orillas de los ríos y el freno de la pérdida de suelo por las avenidas  fluviales.  Las choperas son también son  depuradoras naturales riparias, y  contribuyen, como árboles que son, a la fijación de CO2, en torno a 10 toneladas de dióxiodo de carbono cada año como media, siendo un sumidero de carbono eficaz.

Finalmente, esperemos que estas actuaciones de las Administraciones públicas y oportunidades puedan servir para que la gente no se vaya del medio rural a las ciudades, y podemos volver a disfrutar de un medio ambiente saludable para todos.