El 23 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de lucha contra la explotación sexual y trata de personas, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha organizaba, con la colaboración de Médicos del Mundo y la Universidad de Castilla-La Mancha, unas Jornadas en Toledo sobre Trata de personas con fines de explotación sexual a las que asistían 150 personas.
La responsable regional de Médicos del Mundo, Idoia Ugarte ha explicado que estas mujeres, víctimas de la explotación sexual, son cada vez más jóvenes y en su mayoría procedentes de Republica Dominicana, Paraguay y Rumanía, sufren lesiones, enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados que derivan en abortos clandestinos, patologías emocionales e intentos de suicidio. Así lo comprueban los técnicos de esta organización que trabajan con este colectivo, por medio de un proyecto de educación para la salud financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
De igual modo, ha denunciado que al quedar estas mujeres fuera de la cobertura sanitaria, tras la decisión del Gobierno del PP de retirar esta asistencia, se ha perdido el potencial que tienen los profesionales de los servicios sanitarios para identificar casos de violencia de género y para tener un registro de cuántas mujeres pueden estar en esta situación.
A juicio de la responsable regional de Médicos del Mundo, si Castilla-La Mancha concentra el 80 por ciento de los prostíbulos que hay en el país, según datos de la Guardia Civil, es porque «hay demanda». Y es que la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, constituida en el Congreso de los Diputados, determinó que el 40 por ciento de los hombres de entre 17 y 60 años acuden a la prostitución y un alto porcentaje de ellos es consciente de que el 90 por ciento de esas mujeres están ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad, ha indicado Ugarte.
Explotación sexual
En la jornada celebrada en el campus toledano también se visibilizó la «gravedad» que entraña la trata de personas con fines de explotación sexual, una nueva forma de «esclavitud» que vulnera los derechos fundamentales y supone una variedad más de violencia de género, que es «muy difícil de identificar», pues son las víctimas las que tienen que demostrarlo.
Según ha explicado Idoia Ugarte, las organizaciones que trabajan de forma directa con estas mujeres intentan detectar el mayor número de casos, pero son las propias víctimas las que tienen que tener la valentía de presentar denuncia y «no es fácil» por todo el entramado legislativo al que tienen que enfrentarse.
De ahí, que la responsable regional de Médicos del Mundo haya incidido en la necesidad de modificar la Ley de Protección Integral contra la violencia de género, que no contempla ni la explotación sexual, ni las víctimas de trata, un negocio que supone la tercera fuente de ingresos a nivel mundial, tras el tráfico de armas y el de drogas. «La legislación tiene que contemplar con rango de ley que la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito y tiene que penalizar a quien trafique y facilite el consumo de prostitución», ha concluido Ugarte.
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