Conocer la historia de San Pedro (Albacete) lleva inexorablemente a La Quéjola. Todos sus vecinos, los que habitan el pueblo y los que tienen allí sus antepasados, han visitado alguna vez la dehesa. Sobre todo, cuando era más fácil y los dueños y el Ayuntamiento no ponían tantos obstáculos para transitar por los caminos públicos por los que han pasado varias culturas dejando su legado.
Pero pasear hoy día por esos caminos que te adentran en la finca privada de La Quéjola, no es nada fácil. Los guardas aparecen raudos con sus todoterrenos y sus miradas intimidantes, cumplen órdenes del señorito.
Y es que los Ayuntamientos de San Pedro y Casas de Lázaro han vendido los caminos públicos al dueño de la finca a cambio de hacer otros nuevos por fuera para que nadie les moleste la caza. Para ello, van a levantar más de 150.000 metros cuadrados de caminos usando el agua del río (dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar).
Si nadie lo remedia se cerrará los caminos públicos, patrimonio de todos. Los ecologistas se quejan, «los caminos públicos están siendo expoliados». «Los herederos del terrateniente Marqués de Melgarejo han trasladado su dinero a los pueblos de San Pedro y Casas de Lázaro y se han hecho con los caminos para que en un futuro no pase la gente y poder convertirlos en parte de su coto privado de caza».
Ecologistas en Acción ha intentado recurrir la entrega de esos caminos que son de los dos pueblos alegando que es una zona de alta susceptibilidad arqueológica y de especies naturales amenazadas. Por su parte, el Grupo Sosquil muestra a través de excursiones la importancia de la zona y lo que supondrá tan injusta pérdida.
Caminos con miles de años de historia que te llevan hasta una dehesa de una extraordinaria belleza, plagada de encinas y donde además se ubica un yacimiento íbero del siglo V, descubierto hace 26 años. Se encuentra situado sobre un pequeño espolón del Cerro del Peñón que alza, aproximadamente, 20 metros sobre su entorno de vega.
Todo para el pueblo pero sin el pueblo
Y es que todo son facilidades para los terratenientes y obstáculos para los ciudadanos. El anteproyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha pone trabas a todo aquel que circule por el monte y pueda espantar la caza, amantes de la recogida de setas o aficionados de la bicicleta, incluidos.
Son los Ayuntamientos los responsables de registrar y regular este patrimonio de los caminos a través de una ordenanza. Muchos alcaldes se están movilizando e inventariando los caminos de su municipio.
A falta de legislación propia, esa es la única vía, junto a la investigación sobre el origen de esos caminos, de demostrar en los tribunales que son públicos. Mientras la sociedad civil se moviliza también en las zonas rurales en defensa de los caminos públicos.