Los datos de población regional, a enero de 2014, han sido objeto de diversas declaraciones de políticos regionales de uno y otro signo. Todos dicen sentirse preocupados por la pérdida de ciudadanos de nuestros pueblos y en particular de los pequeños municipios.Todos dicen conocer las causas: inmigrantes que regresan a sus países de origen, falta de recursos para abordar el problema, o, la más habitual ahora, de la culpa no es mía sino de la herencia recibida.
Poco hacen unos y otros, porque ambos están convencidos de que es un problema sin solución posible. Se equivocan.
La provincia de Albacete lleva dos años sin crecimiento poblacional, aunque si lo hace su capital y las localidades más grandes. De los casi cuatrocientos mil habitantes provinciales, más del setenta por ciento residen en la capital y las cinco localidades más pobladas de la provincia. El contraste a esta concentración, lo encontramos en las Sierras de Alcaraz y Segura, y algunos municipios de La Mancha y La Manchuela, que sufren un despoblamiento progresivo desde hace décadas.
Como en las demás provincias, en la nuestra tenemos un éxodo de población desde los pueblos hacia la capital, y en paralelo, esta migración está produciendo una masculinización de la población rural. Revertir esa tendencia resulta cada vez más difícil, pero si quiere hacerse deben modificarse todas sus causas, que contrariamente a lo que suele expresarse, no es en exclusiva la falta de empleo, aunque esta sea la más importante.
La primera causa es el empleo, aunque visto en un sentido más amplio, deberíamos decir que la causa es la falta de un mercado laboral próximo a los territorios rurales, que permita tener perspectivas optimistas de futuro. No se despueblan las localidades próximas a esos mercados de trabajo, sino las alejadas de ellos. Se realizan pronunciamientos y propuestas de políticas contra el despoblamiento, pero sino parten de un análisis de las posibilidades reales de ese mercado laboral, fracasarán, al ser imposible dimensionar el número óptimo de pobladores que pueden permanecer asentados en ese territorio.
Tan importante como el empleo, el segundo factor imprescindible es la vivienda. Nuestros pueblos presentan unos cascos antiguos deshabitados y en muchos casos en estado de semiabandono. La política de vivienda rural se ha basado en la urbanización de nuevas zonas en lugar de en la rehabilitación de los inmuebles céntricos de la localidad, y de su salida al mercado de alquiler. Es imprescindible acometer la movilización del mercado de la vivienda rural, y en eso mucho tienen que decir los Ayuntamientos.
El tercer factor es la existencia de servicios de proximidad, desde los públicos a los de iniciativa privada, pero si los servicios no son próximos al lugar de residencia, difícilmente los residentes permanecerán allí. El impulso de estos por las administraciones va a condicionar el éxito de cualquier proyecto de fijar población, y desde luego la supresión de aulas escolares o de centros de atención de urgencias rurales, o disminuir los servicios de ayuda a domicilio, como se ha planteado en nuestra región, es incompatible con la lucha contra el despoblamiento rural.
Por último, las infraestructuras tales como buenas comunicaciones por carretera, disponer de nuevas tecnologías, tener calidad en el suministro eléctrico, cobertura de telefonía móvil, o existencia de transporte público interurbano, son condicionantes que o se aborda garantizarlas con urgencia, o será imposible mantener población. Aquí resulta imprescindible la actuación pública, porque si estos aspectos se dejan exclusivamente en manos del mercado, la falta de rentabilidad económica de esos servicios, hará que nunca se garanticen para el medio rural.
En todo lo anterior, no solo es clave la intervención de las administraciones públicas, sin las que luchar contra el despoblamiento de nuestros pueblos es imposible. Sino que además su actuación es indispensable que contemple unas premisas básicas: no pueden ser actuaciones improvisadas; es necesario invertir recursos económicos; han de aplicarse políticas de género; y por último, que sean proyectos de política rural integral capaz de a problemas concretos dar respuestas concretas, y en ningún caso plantearla como una suma de políticas sectoriales.
Si a nuestros dirigentes les preocupa tanto como dicen el despoblamiento rural, deberían tener claro que si no se cambian las condiciones que fueron causa del despoblamiento iniciado en los años cincuenta, seguirán siéndolo esas mismas razones las causantes del despoblamiento futuro. Y sobre todo, que ya basta de bonitas palabras en puertas de elecciones para después no hacer nada, o lo que es peor, de hacer exactamente lo contrario de lo que se dice que se quiere hacer.