A finales de los años 80, nació el Consorcio Provincial de Consumo de Albacete. Eran años donde el desconocimiento de los derechos de consumidores y usuarios, la protección de su salud, su seguridad alimentaria y la defensa de sus intereses económicos lo hacían esencial en nuestra provincia. Eran los años de la llegada a nuestro país de las multinacionales, de los productos de importación y de la aparición de los abusos por parte de las grandes compañías sobre los pequeños consumidores y usuarios.

El desconocimiento de cuales eran nuestros derechos como consumidores, convirtió a la información en el primer instrumento para que los ciudadanos pudiesen ejercer actuaciones en defensa de esos derechos. Además, esa defensa se hacía mucho más necesaria en nuestros pequeños municipios, porque en la capital de provincia y en las ciudades de mayor población, los recursos municipales daban respuesta a sus vecinos en estas cuestiones. El Consorcio tenía como objeto atender a los vecinos de los municipios menores de diez mil habitantes, más de setenta en Albacete. Esa tarea se asumió por la Diputación Provincial a través de la fórmula de un consorcio.

Para organizar su trabajo se zonificó la provincia e inició una andadura que continua en estos días. En estos años, se ha atendido a muchos vecinos de nuestros pueblos, mucho de ellos pensionistas, evitando los abusos de las compañías telefónicas, de las empresas eléctricas, de estafas en las revisiones de las instalaciones del gas, o de precios abusivos en diversos servicios. Casi nunca fue necesario llegar al trámite judicial, solucionándose la mayoría de asuntos a través de la mediación, lo que ha dado sentido a la existencia de la entidad.

Pero en los últimos años, el Consorcio también ha generado noticias negativas, como la salida del mismo de algunos municipios, y sobre todo el asunto del despido de algunos de sus trabajadores en septiembre de 2012, despido  que luego fue declarado improcedente por el TSJ de Castilla La Mancha y que obligaba a su readmisión. Sin embargo, la Diputación recurrió este asunto ante el Tribunal Supremo estando aún pendiente de que se dicte sentencia definitiva.

Lo anterior ha cuestionado si la Junta General, gestora de su funcionamiento, ha actuado de la manera más adecuada, para alcanzar el fin fundamental del Consorcio, que no es otro que el servicio a los ciudadanos. Para el PP. la inestabilidad que vive el Consorcio se produce por la salida de algunos municipios, mientras para el PSOE, la causa está en la reestructuración que se ha realizado en el Consorcio sin lograr unanimidad en esa decisión, amén de una mala política laboral aplicada por su Junta General.

La gota que colma el vaso ha sido que en estos días, la Junta General ha instado a los trabajadores para su reincorporación, para cinco días más tarde comunicarles que no se les va a readmitir. Un gran despropósito que se ha percibido por los trabajadores como un pisoteo a su dignidad.

Para los más de setenta y seis mil ciudadanos que se atienden desde el Consorcio, lo importante es que se pongan de acuerdo los miembros de su Junta General, y ellos puedan continuar recibiendo este servicio. De no hacerlo, el riesgo de desaparición del Consorcio puede tomar visos de realidad. Con ello, las empresas con oligo o monopolio en la prestación de servicios, encontraran el campo despejado para aplicar sus políticas sin ningún tipo de control.

Como uno de los impulsores de su puesta en marcha, me gustaría que las dudas sobre su continuidad se despejen lo antes posible, puesto que se trata de un organismo necesario, que es fuente de empleo a la vez que instrumento de defensa de un derecho de los ciudadanos. Prefiero pensar que su desaparición no se producirá.

Otros creen, que en tiempos en que los ciudadanos servimos a la economía en lugar de servirnos de ella, conseguir el finiquito de este Consorcio es el objetivo que persigue la inestabilidad que vive en estos momentos.