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Opinión

La relación del PP y PSOE con la Iglesia

¡Necesitan el BOE para obligar a rezar en las escuelas!

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27 de febrero de 2015

Según el BOE, Dios existe.

Y, según el BOE, soy incapaz, como ser humano, de alcanzar la felicidad en la vida sin la presencia de Dios.

Adiós, por tanto, a siglos de metafísica centrados en la idea de la existencia o inexistencia de un poder sobrenatural, de origen divino, y adiós también, a mi sueño de conquistar la felicidad cotidiana sin hacer acto de contrición por mis pecados o visitar la iglesia, ni aunque sólo fuera en domingos y fiestas de guardar.

Ahora en serio…

La publicación de los contenidos curriculares de la reforzada asignatura de Religión Católica en el BOE del pasado 24 de febrero ha levantado una polvareda que inunda las redes sociales en estos días. Todos los que, de cuando en cuando, escribimos algo en medios digitales o de papel, hemos encontrado una fuente de inspiración en este texto, que rescata el valor de los rezos como contenido evaluable de una asignatura, a la que el inefable Wert saca del ostracismo entregándole pleno valor académico a todos los efectos.

Con todo, ésta no pretende ser una reflexión panfletaria, anticlerical o sobreactuada, y he leído unas cuantas a lo largo de los últimos días.

Porque seamos francos. Yo, que milito en un partido socialdemócrata, que ha vivido largos periodos de enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica española, he sido testigo de esa relación casi bipolar. Porque cuando gobernamos, el lenguaje tiende a una conciliación extrema. Pero cuando se está en la oposición, llenamos páginas de ponencias y resoluciones con la promesa de una derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Nada “pone” más a los militantes socialistas, por ejemplo, que escuchar en la clausura de un Congreso o Conferencia Política del PSOE, decir que va a derogar tales acuerdos. Todo el mundo sabe que esa cita es garantía de ovación cerrada. Revisen hemerotecas a tal efecto.

Lo cierto, es que en España mantenemos una relación endiabladamente enfermiza con la Iglesia Católica, fruto de las querencias de un pasado en el que los representantes del poder de Dios en la Tierra se arrogaban el poder de intervenir en los asuntos de los hombres con una frecuencia inédita en ningún otro país de Europa.

Buena prueba de ello es nuestra propia Constitución. Revisen los Artículos 4 de la Constitución, alemana y 19 de la muy católica Italia, los dos países en los que se inspira nuestra Carta Magna, en busca de una referencia explícita a la Iglesia Católica. No la encontrarán en ellas.

Lean a continuación el Artículo 16 de nuestra Constitución. Mención, con nombre y apellidos, a la Iglesia Católica.

Una confesión que, a todos los efectos, debería ser una más entre otras. Lo cual, por cierto, desmonta el dogma de la aconfesionalidad del estado. España lo es de facto. Pero su texto constitucional reconoce la singularidad de una determinada confesión religiosa.

Dice mucho a este respecto, que el famoso Artículo 16 de la Constitución Española fuera caballo de batalla entre derecha e izquierda en las negociaciones para alcanzar el consenso constitucional. A fin de cuentas, cuando un partido decide marcar una línea roja en torno a un punto, está señalando con tinta firme aquello en lo que no está dispuesto a transigir bajo ningún concepto.

Y la derecha española, en un perfecto ejemplo de tardofranquismo mal disimulado, intercambió la presencia de una mención explícita a la Iglesia, a cambio de una mención igualmente explícita a la planificación económica estatal, el cheque para la intervención del Estado en la economía, que era sancta sanctorum para la izquierda.

En ese juego de cromos queda claro que el alma nacionalcatólica de la derecha española siempre primará sobre la vis liberal que es santo y seña de sus fuerzas hermanas europeas.

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Treinta años después de aquello, el ahora felizmente rescatado para la causa política, Ángel Gabilondo acarició con la punta de los dedos un acuerdo de estado con el PP en la ansiada búsqueda de un pacto de estado que sacase a la educación en España del debate partidista, y que la convierte en rehén de la práctica de la reforma y la contrarreforma cada cuatro años.

El bueno de Gabilondo, sobrado de paciencia y talante, estuvo cerca de un acuerdo definitivo que, como todos los acuerdos, no podía satisfacer plenamente a ninguna de las partes. Y en el último momento, cuentan las crónicas que fue la Secretaria General del PP y aspirante a presidenta de Castilla-La Mancha, quien frenó el acuerdo tras una ronda frenética de llamadas desde la Conferencia Episcopal. Una muestra más de que Cospedal, bajo el disfraz de paloma que le llevó a respaldar al ala moderada de Rajoy frente al sector derechista de Aguirre y compañía, esconde a un halcón reaccionario en toda regla.

De nuevo, como treinta años atrás, la derecha española, terminó frustrando la posibilidad de un deseable acuerdo de estado a cambio de satisfacer los anhelos de una jerarquía eclesiástica que, como todos, percibía el cambio político en ciernes y apostaba por jugarse el todo a una reforma a su gusto, de las de toda la vida, de partido. ¿para qué pactar con un gobierno moribundo -el de Zapatero por la crisis- cuando está en mi mano trazar una reforma que salga adelante por mayoría absoluta cuando los míos lleguen al poder?

Razones para tal pragmatismo no les faltan cuando admiten en sus propias estadísticas que hace 18 años un 85 % de los alumnos de primaria y secundaria cursaban religión frente al 65 % actual, peligrosos guarismos que anticipan el fin de su posición singular en la Constitución.

El miedo a la pérdida de esa hegemonía no deja de ser un pecado. Un pecado en el que cuentan con la complicidad de la derecha española, siempre tan tribal, tan peninsular, tan poco europea como para hacer de esta cuestión un caballo de batalla capaz con ello, de arruinar deseables consensos.

Pero es también la asunción de una debilidad extrema. Porque cuando uno recurre a la ley escrita, a las leyes parlamentarias, asume una posición de debilidad que justifica la cobertura garantista del estado, como ocurre con los espacios protegidos o los derechos de los consumidores.

La ley, en muchas ocasiones, es síntoma de flaqueza. Y la jerarquía de Iglesia Católica en España, a fuerza de contradicciones y alejamiento de los sufrimientos del pueblo, implora una protección legal que antaño nunca precisó.

Ese es su drama y también su penitencia.

Necesitan del BOE, ¡quién lo hubiera dicho!

 

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