Todos conocemos la famosa frase del personaje de comic Asterix, “estos romanos están locos”. Después de su interminable lista de rectificaciones, tras casi cuatro años, al gobierno se le puede aplicar lo de “estos del PP están locos”. Pero orates o no, no se marcharan del gobierno sin dejar “atado y bien atado” (a lo dictador ferrolano) todo aquello que favorezca a la parte de la sociedad para la que gobiernan. Sí, solo gobiernan para una parte, y ese listado y lo que aún nos queda por ver, viene a demostrar que no gobiernan para todos los españoles.
Ahora nos toca apechugar con la chapuza de reforma del Registro Civil, prueba evidente de que tenemos un Gobierno que antepone sus principios ideológicos sobre los intereses de los ciudadanos.
Fue el Gobierno socialista en 2011, el que realizó un primer intento de modernización de ese Registro al aprobar una reforma de la Ley de Registro Civil, y que se publicó en julio de ese año como Ley 20/2011. Se aprobó por unanimidad, y quizás ese fue el motivo por el que no se fue más ambicioso por implantar un modelo estrictamente laico como recoge la Constitución que debe ser. Y es ahora, a finales de esta legislatura, cuando el PP acomete una “contrarreforma” que busca lo que la mayoría de sus reformas, la privatización de lo público, y por supuesto, pingües beneficios para quienes lo gestionen, aproximadamente mil trescientos millones de euros.
En España el Registro Civil data de 1871, año en el que pasa a ser de titularidad estatal y en el que la Iglesia pierde el control que ejercía sobre esta materia a través de los registros eclesiásticos. Nadie duda, después de siglo y medio, de la necesidad de modernizarlo e incorporar principios constitucionales como el de igualdad y garantizar la protección de los datos. Pero el PP lo que se hace es precisamente lo contrario, al dejarlo en manos de los registradores, mercantiles y de la propiedad (curioso, compañeros de profesión de Rajoy), con todos los riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas que eso puede suponer.
Prácticamente fue unánime el rechazo de los sectores sociales más diversos al proyecto del PP, por eso lo aparcó pero sin abandonar su objetivo. Ahora de nuevo vuelve a la carga, puede que porque perciben que las urnas no están por mantenerles en el gobierno.
Tras sustituir a Gallardón, el nuevo ministro, se ha saltado a la torera lo aprobado por el Parlamento y ha anunciado que pasará a manos del Colegio Profesional de Registradores, sin ningún tipo de concurso para adjudicar esa gestión. No queda ahí la cosa, sino que además se prescinde de todos los funcionarios que ahora lo gestionan, impidiéndoles continuar trabajando para el nuevo órgano encargado de su gestión.
La frase de “estos del PP están locos” viene como anillo al dedo, porque por un lado el ministro dice que no se privatiza, y por otro reasigna a otras dependencias los funcionarios actualmente adscritos al Registro Civil. Pero no queda ahí la cosa, porque también se privatiza su explotación según el Reglamento que regula su funcionamiento, que además de incrementar las tasas, hace que las retribuciones de los Registros Mercantiles se vean triplicadas. Para ello hacen que sea obligatorio registrar que ahora no lo son, incrementan el precio de los registros más habituales, y en el Registro Mercantil obliga a que el número de personas que tienen obligación de operar sea mayor. Todo esto con absoluto descaro en un país sacudido por la crisis, y con el sueldo base, las pensiones y los salarios de los funcionarios congelados.
Pero por si de la lectura de lo expuesto aún no nos hacemos idea de cómo nos repercutirá, basten para saberlo algunas cifras: registrar el nacimiento de un hijo o sacar una partida de nacimiento, que hoy son gratis, pasarán a costar 20 € cada uno; que inscribir una defunción serán 40€; inscribir un matrimonio civil serán 100 €; obtener el libro de familia 150 €, o inscribir una Comunidad de Vecinos costará 300 €.
Pero como se acercan elecciones, no sería de extrañar que se planteen aplazar la entrada en vigor de esta reforma, temerosos de ser castigados en las urnas. Pero de no ser así, el próximo 15 de julio nos despertaremos con una más de esas reformas tan necesarias, según el PP, para mayor gloria de la marca España, pero que en realidad significan un pasito más hacia el infierno para la inmensa mayoría de los españoles.