Con la escasez de lluvias, retorna a los titulares de los medios de comunicación la mal denominada (de forma interesada), “guerra del agua” entre Castilla-La Mancha y las comunidades del Levante. Y, como siempre, es el Gobierno central quien la reabre al autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Segura, cuando la reserva de agua almacenada está por debajo del límite de los 400 hectómetros cúbicos, como ha hecho hace unos días.
A menos agua, mayores tensiones políticas y el líquido elemento se convierte una vez más en arma arrojadiza entre Gobierno y comunidades. Castilla-La Mancha siempre es la agredida por estas autorizaciones y, esta vez, el Gobierno regional ha elaborado un informe jurídico que contradice los argumentos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para autorizarlo, y en el pide que se paralice. Independientemente de las razones técnicas esgrimidas en la disputa, todo es más complicado políticamente con el PP en el Gobierno central y en Murcia; y el PSOE en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana.
Frente a los argumentos para autorizarlo, son muchos los que piensan que si este problema se repite cíclicamente, nadie entiende que no se hayan desarrollado ya soluciones y que se retrase la puesta en marcha de desaladoras previstas y otras infraestructuras. Solo se entiende que esas soluciones no se ejecuten porque el precio del agua se encarecería para los receptores de esa agua, respecto al coste de la procedente del trasvase. En todo caso, el Levante debe plantearse diversificar sus fuentes de suministro de agua.
Cuando no hay agua, no se puede trasvasar dejando sin suministro a poblaciones del Tajo que también necesitan agua. Los embalses desde los que se autoriza el nuevo trasvase nunca han estado tan bajos, como consecuencia de que el pasado año se trasvasaron a Levante unos 500 hm3, lo que supone más del 80% de lo recogido en cabecera del río, y con eso dejaron secos los embalses de esa cabecera.
No se trata de no ser solidarios pero, ¿se pide solidaridad a los regantes castellano-manchegos y no a los constructores levantinos? ¿Piensan los defensores del trasvase que Castilla-La Mancha no tiene agricultura, ganadería y regadíos que atender? Pueden estudiarse miles de soluciones como sistemas de riego por goteo u otros pero no se puede seguir planificando desarrollo en base a millones de litros de agua que no se tienen. Montar una economía en base a un recurso del que careces y que te debe ceder otro, pensando que el agua es inagotable y barata, es sencillamente un despilfarro. Nadie puede, sin ser injusto, plantear dejar sin agua y sin recursos una zona, para llevarlos a otra por mucho que allí puedan ser económicamente más eficientes.
Si se evalúan en nuestro Levante sus ratios de desarrollo en infraestructuras de regadío y de las turísticas (curiosamente destinadas a un turismo masivo y barato) veremos que son muy superiores a las aconsejables para sus disponibilidades de agua, aún incluso contando con la procedente del trasvase del Tajo. Y qué decir del sector industrial instalado en esos territorios que parece olvidarse que también gasta agua. A quienes apelan a la solidaridad para justificar el trasvase, habría que explicarles que no parece muy solidario que toda la riqueza y la actividad se concentre solo en unas zonas y el resto solo estén para suministrar agua.
Imprescindible solucionar los problemas de sequía y los de las inundaciones y a la vez legislar para que no se derroche el agua. Pero la solución no es la pelea de comunidades entre sí, ni siquiera de éstas con el Gobierno central. Arreglar esto, de una vez por todas, pasa por regular todo, no solo el agua sino el desarrollo económico de nuestro país, intentando hacerlo equilibrado y con un enfoque territorial. Y eso solo puede ser posible con mucho diálogo, buscando el consenso y cediendo cada parte interesada lo que tenga que ceder, en lugar de continuar con las pugnas políticas, de las que los ciudadanos estamos hasta el gorro.
El objetivo tiene que ser un pacto de estado de distribución de la riqueza, que nos convenza a los ciudadanos de que aquello que es beneficioso para una comunidad se traduce en un bien para toda España. Si no somos capaces de cambiar a esa forma de entender la política, acabaremos como siempre viendo que el agua será para quien la pueda pagar y algunos podrán pagarla y otros no. O cambiamos o seguiremos por el camino que hoy llevamos, los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres, aplicable también a las comunidades autónomas.